En medio del debate sobre la reciente aprobación de la nueva escala salarial en el departamento de Tarija, el gobernador Óscar Montes expresó su desacuerdo con la decisión tomada por el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental. Según la autoridad, el ajuste aprobado no guarda coherencia con la magnitud de responsabilidades que existen entre los diferentes niveles de autoridad.
En diálogo con el periódico digital El Guadalupano, Montes fue enfático al señalar que el tratamiento del tema careció de un análisis técnico serio y que no se tomó en cuenta la lógica jerárquica de funciones. “La diferencia salarial entre un legislador y el gobernador es mínima, lo cual no corresponde a la realidad de nuestras funciones”, manifestó.
Actualmente, el gobernador percibe un salario de Bs. 11.700, mientras que un asambleísta departamental recibe Bs. 11.500. Para Montes, esta equiparación no refleja la carga administrativa, operativa y política que recae sobre el cargo ejecutivo departamental.
“La Asamblea tuvo la posibilidad de corregir esta desproporción, ya sea reduciendo sus propios salarios o autorizando un ajuste para el gobernador. No hicieron ninguna de las dos cosas”, criticó la autoridad.
Montes también desmintió versiones que indicaban que él habría intentado incrementarse el sueldo. “Eso es totalmente falso. En ningún momento propuse subir mi salario. Por el contrario, esperábamos que haya una muestra de coherencia desde el Legislativo”, afirmó.
La norma aprobada por la Asamblea fue observada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo cual, según el Gobernador, ratifica que la propuesta no fue correctamente elaborada desde el punto de vista normativo y financiero.
“Hay criterios establecidos por ley para definir escalas salariales en el sector público. Estas deben considerar jerarquía, responsabilidades, funciones y presupuestos institucionales. El Ministerio identificó falencias claras”, agregó Montes.
Finalmente, la autoridad departamental instó a la Asamblea Legislativa Departamental a revisar nuevamente el tema con responsabilidad y criterio técnico. “No se trata de politizar, sino de ordenar el funcionamiento del Estado con justicia y lógica administrativa”, concluyó
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