Pese a que en Bolivia el caso sigue vigente, un juez uruguayo consideró que los delitos prescribieron en 2021 y otorgó libertad al exsacerdote que escapó hace 17 años. Sant’anna era sacerdote en Tapacarí, Cochabamba.
La Justicia uruguaya decidió no extraditar a Bolivia al ex sacerdote Juan José Sant’Anna, conocido como “Padre JuanJo”, quien está acusado de abusar sexualmente de alrededor de 30 niños en un internado de Tapacarí, en Cochabamba, en 2007. Según El País de Uruguay, el fallo fue emitido por el juez Matías Porciúncula y se sustentó en la prescripción del delito según la legislación de Uruguay, pese a que en Bolivia el caso continúa vigente.
Una huida de 17 años
Sant’Anna permaneció prófugo durante más de 17 años. Tras ser acusado en 2007, huyó de Bolivia y se instaló en la casa de su familia en Salto, Uruguay, donde vivió semioculto. En 2008 fue ubicado por Interpol y, en 2010, un periodista de LR21 afirmó que el exsacerdote reconoció los abusos en una entrevista. A lo largo de los años, varios medios intentaron contactarlo, y en 2025 fue nuevamente encontrado por El País de Uruguay. Semanas después, Bolivia emitió una alerta roja de Interpol que llevó a su detención.
Los argumentos del juez
En la audiencia celebrada este miércoles, el juez Porciúncula determinó que los delitos atribuidos equivaldrían en Uruguay al delito de atentado violento al pudor, cuyo plazo de prescripción es de 10 años. Ese periodo habría comenzado a correr desde 2011, cuando Bolivia declaró rebelde a Sant’Anna, por lo que el caso habría prescrito en 2021.
El magistrado señaló que, aunque para Bolivia el delito no esté prescrito, la extradición solo puede concederse si el proceso continúa vigente en ambos países. También observó que entre 2021 y 2025 Bolivia no realizó nuevas acciones judiciales hasta emitir una alerta de Interpol en septiembre de este año, lo que consideró “demasiado tarde” para evitar la prescripción.
La Fiscalía uruguaya no apeló la resolución, por lo que Sant’Anna recuperó su libertad y anunció que regresará a la vivienda familiar en Salto.
Los abusos en el internado Ángel Gelmi
Sant’Anna llegó a Bolivia en 2005, donde fue ordenado sacerdote secular y puesto a cargo del internado Ángel Gelmi, en Tapacarí, una comunidad rural marcada por la pobreza. Allí tenía bajo su responsabilidad a unos 70 niños. Según los testimonios recogidos en 2007, el exsacerdote invitaba a los menores a su habitación, donde cerraba la puerta con llave y, en ocasiones, presuntamente, usaba somníferos. Los denunciantes relataron también que en ocasiones seleccionaba a varios niños al mismo tiempo.
El caso salió a la luz cuando una monja encontró a un niño del internado llorando por «el sacerdote lo molestaba mucho». Al día siguiente, otros menores confirmaron la historia. Aunque el arzobispo de Cochabamba inició una investigación interna, la denuncia formal tardó cerca de 20 días, tiempo en el que Sant’Anna logró escapar.
Documentos enviados por Bolivia señalan que el exsacerdote admitió los hechos al sacerdote Eugenio Coter durante las primeras indagaciones eclesiásticas.
En Bolivia, la decisión de la Justicia Uruguaya generó indignación entre organizaciones sociales, víctimas de abusos e instituciones que siguen el caso desde hace años. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, que agrupa a víctimas de agresiones sexuales cometidas por religiosos, calificó la noticia como un «duro golpe».
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