El expresidente es acusado por el delito de rebelión y deberá permanecer retenido por un periodo de siete días.
La justicia determinó este jueves que el expresidente peruano Pedro Castillo cumpla siete días de detención preliminar. El exmandatario es acusado por el delito de rebelión, después de haber decretado ayer (sin éxito) la disolución del Parlamento.
“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)”, consta en la cuenta oficial de Twitter del Poder Judicial.
Previo a ello, se llevó a cabo una audiencia en la que el ex Jefe de Estado decidió no tomar la palabra y en la que su defensa negó que hubiera riesgo de fuga. Esto, pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Castillo tenía intención de pedir asilo en la embajada.
“¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando?”, cuestionó el abogado Víctor Pérez, según declaraciones recogidas por El Comercio.
La fiscalía, por su parte, solicitó esta detención de siete días bajo el argumento de que se necesitaba continuar las pesquisas para identificar, principalmente, si otros funcionarios participaron del delito.
“Rebelión es un delito de peligro. No se requiere que se logre el objetivo, no se requiere deponer al gobierno e instaurar el gobierno de facto. No se requiere el éxito de la rebelión para consumar este delito”, remarcó en la audiencia el fiscal Marco Huamán.
El miércoles al mediodía, el todavía presidente Pedro Castillo decretó la disolución temporal del Parlamento y la instauración de un “gobierno de excepción”, horas antes de que los legisladores debatieran una moción de vacancia (destitución) en su contra.
Ignorando tal determinación, los congresistas adelantaron la sesión plenaria y aprobaron con gran mayoría una resolución que declaraba la vacancia de la Presidencia. Por sucesión constitucional, la vicepresidenta Dina Boluarte tomó las riendas del país hasta 2026.
Mientras la nueva mandataria se preparaba para asumir el cargo, la Policía peruana detuvo a Castillo, cuando pretendía trasladarse a la embajada mexicana. Tras permanecer ocho horas en la Prefectura de Lima, el ex Jefe de Estado fue conducido al penal de Barbadillo, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fujimori.
Página Siete
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