Israel Campero Méndez, Ramiro Ariel Blanco Fuentes y Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui pretenden volver a sus cargos luego de haber perdido en las elecciones judiciales del 15 de diciembre.
La jueza de La Asunta, Betty Mamani Aruquipa, admitió la acción de amparo de los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Israel Campero Méndez, Ramiro Ariel Blanco Fuentes y Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui, que pretenden volver a sus cargos luego de haber perdido en las elecciones judiciales del 15 de diciembre; alegan que fueron presionados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para renunciar a sus funciones bajo advertencia de su inhabilitación.
La mencionada jueza emitió una resolución admitiendo la acción de amparo y fijó audiencia para el lunes 6 de enero en la que se resolverá su solicitud.
Campero, Blanco y Martínez, en agosto de este año, renunciaron de forma irrevocable a sus cargos para habilitarse como candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Ahora mediante una acción de amparo pretenden regresar a sus funciones luego de haber perdido en las elecciones judiciales del pasado 15 de diciembre.
En su amparo, solicitan se deje sin efecto la aceptación de sus renuncias y que se les restituya en sus respectivos cargos, a pesar de que ya existen nuevas autoridades en sus lugares. Los accionantes solicitaron como medida cautelar que se suspendan de forma provisional los actos de los vocales designado en su lugar hasta que se resuelva la audiencia de amparo que fue presentada contra los presidentes del TSJ, TCP y el Consejo de la Magistratura.
Blanco postuló al TSJ, Campero al TCP y Martínez al Consejo de la Magistratura. En su recurso alegan que fueron habilitados para participar en las elecciones por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras aprobar todas las fases del proceso de preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Campero, sostiene que los vocales constitucionales son elegidos por la Sala Plena conjunta del TSJ y el TCP, por lo que la aceptación de su renuncia debía ser realizada por estas instancias y no solamente por los presidentes de dichos tribunales, lo que, según él, demuestra la falta de competencia para realizar este acto y viola sus derechos.
