El asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo (MAS), José Yucra en diálogo con El GUADALUPANO Periódico Digital expresó su rechazo rotundo a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que impide la postulación de Evo Morales a la presidencia, y calificó el fallo como un ataque directo al sistema democrático.
Para Yucra, el fallo carece de legitimidad jurídica. “No podemos aceptar una resolución emitida por magistrados que ya han cumplido su mandato. Son autoridades autoprorrogadas que actúan fuera de la legalidad”, aseveró.
El legislador subrayó que los actuales miembros del TCP no cuentan con la credibilidad ni la autoridad moral para dictar sentencias que afecten los derechos políticos de los ciudadanos. “Este tribunal ha perdido toda independencia y responde a intereses ajenos al pueblo boliviano”, denunció.
Asimismo, recordó que el TCP tiene funciones claras dentro del marco constitucional, entre ellas interpretar las normas, mas no alterarlas. “Modificar la Constitución no está dentro de sus atribuciones. Lo que han hecho es una extralimitación de funciones”, señaló.
Yucra advirtió que esta decisión busca impedir que Evo Morales vuelva a participar en una contienda electoral, lo que a su juicio representa una forma de proscripción política encubierta. “No quieren que el pueblo tenga la posibilidad de elegir a Evo, porque saben que cuenta con respaldo popular”, manifestó.
Desde su perspectiva, el fallo del TCP responde a una estrategia política diseñada para debilitar al MAS y neutralizar a sus principales líderes. “No se trata de una cuestión legal, sino de una jugada política para alterar el equilibrio electoral”, afirmó.
En ese contexto, hizo un llamado a la población y a las organizaciones sociales a mantenerse en estado de alerta y no permitir que se vulneren los derechos políticos consagrados en la Constitución. “Lo que está en juego es la democracia misma”, enfatizó.
Finalmente, José Yucra anunció que se recurrirá a instancias nacionales e internacionales para denunciar lo que considera un atropello institucional. “Vamos a defender el derecho del pueblo a elegir y a ser elegido, porque la democracia no se negocia”, concluyó.
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