Los detractores del control del carnet de vacunación contra la Covid-19 afirman que la molestia no es por las dosis, sino por el tono de obligatoriedad.
Ante el rechazo de algunos sectores a la presentación del certificado de vacuna contra la Covid-19 para acceder a sitios y servicios públicos y privados, autoridades de Gobierno indicaron que vacunarse es voluntario, pero que quien decida no hacerlo deberá pagar su prueba PCR y que la medida fue consensuada y solicitada por la misma población.
“Las personas que decidan no vacunarse, van a tener que optar directamente por las pruebas PCR y tendrán que pagar por ellas. El sistema de salud no puede pagar la prueba de una persona que la usará para ir al cine, cuando otras presentan síntomas y la necesitan para garantizar su acceso a la atención médica, en cuyo caso son gratuitas”, manifestó la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro.
Iglesias evangélicas y grupos de gremiales, maestros, campesinos y cívicos de El Alto anunciaron una serie de medidas en rechazo al decreto 4641, que establece la presentación del documento para realizar trámites, viajes, movimientos bancarios o para acceder a instituciones y servicios públicos y privados. En ausencia del certificado, según la norma, se debe presentar una prueba PCR negativa realizada en las últimas 48 horas.
“Es importante recordar que los derechos de unos terminan cuando empiezan los de los demás. A nivel mundial, se ha visto que quienes no se vacunan representan un problema muy grande para el resto de la población. Esto empeora cuando vemos que las personas que deciden no vacunarse, además, deciden no usar barbijo. Si se infectan, así sean asintomáticos, son portadores de un virus que puede causar la muerte de otra persona. Hace falta un mayor nivel de conciencia”, afirmó Castro.
Ante la preocupación por una posible alza del costo de las pruebas, Castro aseveró que éstos ya están regulados. Dijo que hay una instancia que hace el control respectivo para evitar que, como pasó en 2020, los precios pasen de los mil bolivianos. “Ahora están entre 450 y 500 bolivianos, que es básicamente el costo de los reactivos”, añadió.
DS “solicitado y consensuado”
Gregorio Gómez, presidente del Comité Cívico Pro Ciudad de El Alto -sector que rechaza la medida de control de la vacunación- afirmó que la población no fue tomada en cuenta al momento de realizar el decreto.
“No estamos pidiendo la abrogación de estas normas como otros sectores, solo pedimos la modificación. Esta medida no fue consensuada y afecta a varios sectores que deben ser escuchados. La ley dice que los ciudadanos pueden decidir no vacunarse y atenderse con medicina tradicional. Pero ahora nos dicen que sin el carnet no vamos a poder pagar una factura de agua o luz. Que quede claro que no estamos en contra de las vacunas, sino de la imposición y la obligatoriedad”, afirmó el dirigente cívico.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que, de acuerdo a los medios de comunicación, son algunos sectores los que rechazan la norma. Aclaró que el decreto fue socializado, explicado y consensuado por el Ministerio de Salud.
“Estamos abiertos a dialogar y esclarecer lo que sea necesario, pero la norma ya está en vigencia porque lo más importante es pensar en la población boliviana, la norma ha sido bastante clara y va a ser aplicada para todos”, indicó la autoridad.
Asimismo, Castro sostuvo que la norma fue realizado con base en la información técnica y científica que se tiene sobre el curso de la pandemia, tanto en el mundo como en el país. Reiteró que las vacunas son seguras y que han mostrado ser muy efectivas.
“El decreto surgió de la demanda de sectores como la Central Obrera Boliviana, los fabriles, transportistas y otros, para garantizar que mientras más rápido se vacune la población, haya menor probabilidad de entrar a medidas restrictivas. Hay que ser muy claros, son los sectores los que pidieron la vacunación, al igual que los gobiernos subnacionales. Es una demanda unánime”, insistió Castro.
Pagina Siete
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