
La Brigada Parlamentaria de Tarija expresó su preocupación por la escalada de conflictos y hechos de violencia registrados en distintos puntos del país, situación que según señalaron estaría poniendo en riesgo la estabilidad democrática, la economía y la tranquilidad de la población boliviana. Desde la institución advirtieron que los bloqueos y enfrentamientos están generando pérdidas millonarias y afectando gravemente el abastecimiento, la libre circulación y el desarrollo normal de las actividades productivas.
En contacto con El Guadalupano Periódico Digital, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, informó que se emitió una resolución oficial en defensa del orden constitucional y de la paz social, que actualmente enfrenta jornadas marcadas por conflictos y restricciones. La autoridad remarcó que la situación no puede seguir agravándose mientras sectores radicales mantienen medidas que perjudican a miles de familias bolivianas.
Corvera también condenó las agresiones físicas registradas durante las movilizaciones y cuestionó los hechos de violencia contra policías, periodistas, autoridades y ciudadanos. Afirmó que estos actos no representan protestas legítimas, sino acciones que terminan generando más confrontación y daños materiales al Estado. En ese sentido, pidió que se identifique a los responsables de los ataques y destrozos ocurridos en las últimas jornadas.
Asimismo, la autoridad parlamentaria sostuvo que detrás de algunas movilizaciones existirían intereses políticos orientados a desestabilizar al Gobierno democráticamente constituido. Señaló que las medidas de presión ya no responden únicamente a demandas sociales, sino que estarían siendo utilizadas como mecanismos de confrontación política que ponen en riesgo la institucionalidad del país y la convivencia democrática.
El presidente de la Brigada Parlamentaria exigió al Ministerio Público y a las autoridades judiciales actuar de oficio para ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes e iniciar procesos contra quienes promuevan actos vandálicos o financien bloqueos violentos. De igual manera, pidió al Ministerio de Gobierno garantizar la libre transitabilidad en las carreteras mediante acciones coordinadas con la Policía y las Fuerzas Armadas, respetando el marco constitucional vigente.
Finalmente, Corvera manifestó que las diferencias políticas deben resolverse dentro de los mecanismos democráticos establecidos por la Constitución y no mediante medidas de presión que afecten a toda la población. Añadió que, si existen desacuerdos con la administración gubernamental, corresponde esperar los procesos constitucionales y electorales establecidos por ley, evitando hechos que atenten contra la paz, la economía y la estabilidad del país.