El gobernador de Tarija, Oscar Montes en diálogo con El GUADALUPANO Periódico Digital reveló este martes que la Gobernación fue notificada formalmente con una resolución emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que instruye la restitución del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) como una entidad operativa del Gobierno Departamental.
La autoridad denunció que el proceso judicial se llevó a cabo sin convocar a representantes de la Gobernación, lo que considera una vulneración al derecho a la defensa institucional.
Montes aseguró que la resolución fue emitida sin brindar a la Gobernación la oportunidad de presentar sus fundamentos legales y técnicos que justificaron la reestructuración de SEDECA. Según explicó, la transformación de esta entidad en una unidad técnica obedecía a criterios de eficiencia administrativa y sostenibilidad económica.
El mandatario departamental lamentó que una decisión de esta envergadura haya sido tomada sin incluir a todas las partes involucradas. Criticó que en la audiencia del TCP solo hayan participado ex trabajadores del SEDECA y sectores que respaldan su reposición, lo que, a su juicio, evidencia una falta de imparcialidad en el proceso.
“Nos preocupa profundamente que se haya dictado una medida con efectos institucionales tan importantes sin haber escuchado nuestra posición. No se nos convocó ni se nos permitió argumentar por qué se tomó la decisión de modificar la estructura del SEDECA”, sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.
El Gobernador consideró que este tipo de decisiones judiciales unilaterales generan un precedente riesgoso para la institucionalidad regional, ya que debilitan los mecanismos democráticos de participación y diálogo que deberían primar en la administración pública.
A pesar de las observaciones, Montes manifestó que la Gobernación cumplirá con la disposición emitida por el TCP, en el marco del respeto al orden constitucional. No obstante, subrayó que se realizará una revisión minuciosa de los aspectos legales que envuelven la resolución para definir los pasos a seguir.
“Nosotros somos respetuosos de la ley, pero también vamos a hacer valer nuestro derecho a ser escuchados. No vamos a permitir que se ignore la voz del Gobierno Departamental en decisiones que afectan directamente su funcionamiento”, agregó.
Finalmente, la Gobernación anunció que solicitará un informe jurídico interno y no descarta recurrir a instancias legales nacionales e internacionales para hacer prevalecer la institucionalidad y los principios de equidad procesal que, según afirman, fueron omitidos en este caso.
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