La Gobernación de Tarija inició gestiones para impulsar un pacto fiscal interno con distintas instituciones del departamento, en medio de una compleja situación económica marcada por millonarias deudas, reducción de ingresos hidrocarburíferos y obligaciones financieras acumuladas. El secretario de Economía y Finanzas, Fernando Romero, advirtió que la administración departamental enfrenta un escenario crítico que obliga a replantear la distribución de recursos y la sostenibilidad de varias competencias asumidas durante anteriores gestiones.
En diálogo con elguadalupano, Romero explicó que este pacto fiscal deberá ser coordinado inicialmente con la Asamblea Legislativa Departamental, alcaldías y otras entidades con las que existen compromisos económicos pendientes. Además, indicó que también se buscará una conciliación de cuentas con el Gobierno central dentro de una propuesta denominada “50 a 50”, orientada a redistribuir responsabilidades y recursos entre distintos niveles del Estado para aliviar la presión financiera que actualmente soporta la Gobernación.
La autoridad departamental señaló que uno de los principales problemas es la elevada deuda acumulada con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y la banca privada, situación que obligaría a desembolsar cerca de 17 millones de bolivianos durante el mes de julio. Romero manifestó que se intentará negociar mecanismos para reprogramar pagos y evitar mayores afectaciones a las finanzas departamentales, además de sostener reuniones con autoridades nacionales para analizar alternativas de cooperación financiera y ajustes relacionados al pacto fiscal.
Romero también informó que la Gobernación busca, junto a otros departamentos, eliminar la retención del 12% de recursos hidrocarburíferos y redefinir competencias que actualmente son financiadas por las gobernaciones, pese a corresponder al nivel central del Estado. En ese contexto, afirmó que Tarija se convirtió en uno de los departamentos más golpeados por la crisis económica debido a la disminución de ingresos provenientes del gas natural y al incremento sostenido de obligaciones financieras heredadas de anteriores administraciones.
Asimismo, anunció que la próxima semana se presentará una reestructuración financiera integral, acompañada de una auditoría legal y económica para transparentar el verdadero estado de las cuentas departamentales. Romero aseguró que la anterior gestión solo mostró una “radiografía” de la situación, mientras que la actual administración presentará un diagnóstico más profundo y estructural sobre el nivel de endeudamiento, procesos judiciales pendientes y compromisos económicos que podrían generar nuevos pagos millonarios para la institución.
Finalmente, el secretario de Economía sostuvo que la Gobernación trabaja en un plan estratégico de salvataje financiero que requerirá el respaldo de la Asamblea Legislativa, alcaldías, Gobierno nacional y diferentes instituciones del departamento. También advirtió que existen entre 15 y 20 competencias que podrían dejar de ser financiadas por la Gobernación para reducir gastos y priorizar recursos en áreas esenciales, remarcando que el objetivo principal será evitar un mayor deterioro económico y garantizar la estabilidad institucional hasta fin de año.
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