Luego de que el 15 de abril, la Fiscalía General del Estado hizo conocer que se ha conformado una comisión de fiscales para investigar el caso terrorismo, ocurrido en abril de 2009 en el hotel las Américas de Santa Cruz, el exvicepresidente Álvaro García Linera salió a cuestionar la posibilidad de que él y el entonces Primer Mandatario Evo Morales sean investigados, porque, según él, corresponde investigar las cuestiones operativas.
«En este tipo de investigaciones es muy puntual, la investigación es si hubo o no excesos en la intervención. No se está investigando si fue correcta la decisión de proteger al Estado boliviano. Eso no se está investigando. No tienen por qué estar ahí Evo ni Álvaro. Se está investigando si en la intervención hubo excesos. ¿Evo estuvo en la intervención? No estaba, estaba en Venezuela. ¿Álvaro estuvo en la intervención? No estaba, estaba en Palacio de Gobierno. La intervención, que es muy precisa, está localizada, hotel Las Américas, Santa Cruz», dijo García Linera en una entrevista con Detrás de la Verdad.
Durante los hechos ocurridos en el Hotel Las Américas, García Linera estaba como Presidente en Ejercicio ya que Morales se encontraba de viaje en Venezuela, desde donde declaró que había dado instrucciones para que se realice el operativo policial que terminó con la muerte de tres mercenarios y que otros dos terminen heridos.
«La instrucción que da un Presidente, la instrucción que da un Presidente en ejercicio cuando tiene esta información es: detengan a esa banda terrorista antes de que cometan sus fechorías… Yo instruí desde antes, porque esto venía desde antes, hay que detenerlos, hay que detenerlos y llevarlos a la justicia», afirmó.
La madrugada del 16 de abril de 2009, un equipo de policías armados ingresó al cuarto piso del hotel Las Américas, cerca de la plaza 24 de Septiembre, causando la muerte de Eduardo Rózsa (señalado como el líder del grupo) y de otros dos extranjeros: Árpad Magyarosy y Michael Dwyer. Se detuvo a Mario Tadic y Elöd Tóásó, únicos sobrevivientes del operativo.
En septiembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en un informe que el Estado de Bolivia es responsable por «graves violaciones de derechos» de tres extranjeros y dos bolivianos que fueron acusados de delitos de terrorismo, de los cuales tres fueron asesinados durante un operativo policial. Se recomendó al Estado boliviano reparaciones para las víctimas, disponer las medidas de salud física y mental que correspondan para su rehabilitación y adoptar las medidas necesarias para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir.
Hace algunos días, Elöd Tóásó informó a través de las redes sociales que el Estado de Bolivia tiene en marcha un proceso para investigar las violaciones a los derechos humanos en el caso denominado «terrorismo», que los acusadores de antes ahora sean investigados.
«Ese es un tema que tiene que restringirse a la actividad estrictamente operativa, porque lo que le preocupa a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) es ¿hubo exceso o no hubo exceso en el operativo? Entonces, que vaya a declarar un Presidente es un exceso. Imagine usted si tiene que declarar el presidente cada vez que se instruye en una guerra, en un operativo policial. Es una locura», añadió García LInera.
Al atender este proceso, la Corte IDH emitió recomendaciones, entre las que se encuentra abrir un proceso judicial para averiguar si hubo ejecuciones extrajudiciales en el operativo.
La semana pasada, el procurador general del Estado, César Siles, informó que el proceso ya está en curso. La Fiscalía informó que conformó una comisión para indagar el tema, mientras que desde la oposición se señaló como responsables de la operación a Morales y García Linera, por lo que ambos tendrían que ser investigados.
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