Argentina afronta este martes una gran movilización de docentes, estudiantes y personal de la universidad en contra de las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y en defensa de la enseñanza pública superior.
A lo largo y ancho de todo el país habrá marchas convocadas por sindicatos estudiantiles, a quienes después se sumaron los docentes, y posteriormente respaldadas por organizaciones sociales, sindicatos y fuerzas políticas, contra los recortes en la financiación a la universidad pública practicados por el Ejecutivo del libertario Milei.
Aunque el Ministerio de Capital Humano anunció a última hora del lunes lo que, días atrás, presentó como acuerdo alcanzado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el depósito de 10.075 millones de pesos (unos 11 millones de dólares) por el 100 % de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, la marcha sigue adelante.
«Nosotros somos súper respetuosos de la expresión que tengan los jóvenes, los estudiantes (…) pensando que eso les puede ayudar a tener un futuro mejor», dijo este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno).
No obstante, el Ejecutivo consideró que «el tema presupuestario está saldado», por lo que, agregó Adorni, «esto lo transforma claramente en una marcha política».
Con esto se refirió a la presencia anunciada de políticos peronistas como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Áxel Kicillof, y el exministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa; del líder de la Unión Cívica Radical (UCR, centro) Martín Lousteau; así como la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical del país, y movimientos piqueteros o de izquierda.
Se espera que la marcha de Buenos Aires será la más multitudinaria de todas. Desde las 15:30 horas (18;30 GMT) los manifestantes se concentrarán junto al Congreso, desde donde recorrerán los 2 kilómetros que lo separan de la Plaza de Mayo -donde está la Casa Rosada-, y a las 18:00 horas se leerá un comunicado.
En coincidencia con el Día Internacional del Libro, este 23 de abril se ha pedido a los manifestantes que, en lugar de proclamas políticas, porten un libro en alto en defensa de la cultura, sector también muy cuestionado y con bastantes recortes en su financiación desde que el Gobierno de Milei asumió el pasado 10 de diciembre.
Uno de los asuntos más controvertidos para hoy es si el Gobierno aplicará el denominado ‘protocolo antipiquetes’, implementado por el Ministerio de Seguridad poco después de asumir el Ejecutivo y que impide el corte de la vía pública durante una manifestación.
Después de que su titular, Patricia Bullrich, defendiera que esta es una marcha «rara» y que el protocolo se aplicará sin dudas, el vocero pidió que la manifestación «sea con paz y dentro de la ley» y solicitó que «se permita la circulación y se respeten los bienes públicos».
EFE
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