La discusión sobre la aplicación de un posible estado de excepción en Bolivia volvió a instalarse en el escenario político nacional tras la aprobación, en la Cámara de Senadores, de la abrogación de la Ley 1341. Desde sectores oficialistas aseguran que esta normativa limitaba las atribuciones constitucionales del Ejecutivo para enfrentar conflictos sociales y garantizar el orden público en distintas regiones del país.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el diputado nacional Rodrigo Fuenzalida informó que la Cámara de Senadores aprobó en Sucre la abrogación de la Ley 1341, normativa promulgada en 2020 y promovida, según indicó, por Eva Copa junto a la bancada del Movimiento al Socialismo. El legislador sostuvo que esta ley contenía 25 artículos que complicaban las decisiones del Gobierno nacional respecto a la aplicación de un estado de excepción.
Fuenzalida explicó que la Constitución Política del Estado ya regula este mecanismo en sus artículos 137 al 140, estableciendo claramente las condiciones y características bajo las cuales puede aplicarse. En ese sentido, afirmó que la Ley 1341 solamente generaba trabas legales y daba margen para que sectores movilizados evitaran asumir responsabilidades frente a los conflictos y hechos de violencia registrados en el país.
El parlamentario señaló que el proyecto ya fue remitido a la Cámara de Diputados y expresó su confianza en que será aprobado en la siguiente sesión legislativa. Indicó que, una vez concretada la abrogación, únicamente restará la promulgación por parte del presidente del Estado para que, mediante decreto supremo y consejo de ministros, pueda declararse un estado de excepción cuando la situación así lo requiera.
Asimismo, respondió a las críticas de sectores que califican de “tibia” la actuación del Gobierno frente a los bloqueos y movilizaciones. Según manifestó, con la eliminación de esta normativa ya no existirían obstáculos legales para que el Ejecutivo asuma acciones respaldadas por la Constitución, particularmente en regiones donde se registran conflictos que afectan el abastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno para hospitales.
Fuenzalida explicó que el estado de excepción permite al Gobierno coordinar acciones con la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para habilitar corredores humanitarios, despejar carreteras y garantizar la circulación de personas y productos esenciales. También indicó que este mecanismo facilita la actuación inmediata de jueces y fiscales para procesar a quienes sean responsables de hechos violentos o afectaciones a derechos de terceros.
Finalmente, el diputado aclaró que la aplicación de un estado de excepción no implica la suspensión absoluta de derechos fundamentales, ya que la propia Constitución protege garantías esenciales como el derecho a la vida, la integridad física, el acceso a la información y la prohibición de tortura o tratos degradantes. Según afirmó, el objetivo central sería restablecer el orden y proteger a la población afectada por los conflictos sociales.
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