La Fiscalía Departamental de La Paz activó 120 procesos penales por los hechos registrados entre el 13 de mayo y el 20 de junio, durante los 50 días de protestas y bloqueos que afectaron al país. De esas investigaciones, cinco buscan esclarecer muertes presuntamente vinculadas a hechos violentos o a la imposibilidad de acceder a atención médica por los cortes de rutas.
El fiscal departamental, Luis Tórrez, informó que 17 de las causas fueron iniciadas de oficio y que, hasta el momento, existen 323 personas procesadas. Entre los delitos investigados figuran terrorismo, homicidio culposo, destrucción de bienes del Estado, instigación pública a delinquir, atentados contra el presidente, tenencia ilegal de armas, legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictiva.
Como resultado de las primeras actuaciones, la Fiscalía reportó 154 personas arrestadas y 157 aprehendidas, de las cuales 22 cumplen detención preventiva mientras avanzan las investigaciones judiciales por los distintos hechos de violencia.
Entre las muertes investigadas se encuentran los casos de Anna Emms, ciudadana de Belice que no logró llegar a un centro médico por los bloqueos; Jhelly Villanueva y Ana Gabriela Mayta, cuyos fallecimientos también estarían relacionados con demoras en la atención de emergencias. Asimismo, se investiga la muerte de Víctor Cruz Mamani, de 24 años, quien perdió la vida tras recibir un impacto de arma de fuego.
Las investigaciones también abarcan agresiones contra trabajadores de la prensa y un presunto financiamiento ilegal de las movilizaciones. En uno de los operativos fueron incautados cuatro millones de bolivianos cuyo origen no pudo ser justificado, mientras que en total las autoridades interceptaron más de diez millones de bolivianos durante las pesquisas.
Entre los denunciados figuran el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, el dirigente de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, y el senador Nilton Condori, acusados en distintas causas relacionadas con presuntos actos de terrorismo y acuerdos para promover la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
No obstante, las órdenes de aprehensión contra Argollo y Salazar fueron anuladas por decisión judicial.A nivel nacional, la Defensoría del Pueblo reportó 365 personas arrestadas, 10 fallecidos y 37 heridos durante las movilizaciones, además de verificar el respeto al debido proceso, habilitar corredores humanitarios y atender a grupos vulnerables.
Distintas fuentes estiman que más de 20 personas perdieron la vida por efectos directos o indirectos de los bloqueos.La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su respaldo al Gobierno boliviano y rechazó el bloqueo absoluto como mecanismo de protesta. En paralelo, la Gobernación de Santa Cruz negó que el acuerdo para levantar el bloqueo en San Julián incluyera la liberación de detenidos, aclarando que su participación se limitó a facilitar el diálogo y gestionar la pacificación del conflicto.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y que el objetivo es establecer responsabilidades penales por los hechos de violencia, las muertes registradas y las afectaciones provocadas durante uno de los conflictos sociales más prolongados de los últimos años en Bolivia.
El Deber
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