La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene en sus manos el proceso planteado en contra de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prorrogados en su mandato, informó el fiscal General, Juan Lanchipa.
“El fiscal departamental de Chuquisaca inició el proceso de investigación, pero la autoridad jurisdiccional decidió declinar de competencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces ya no está en manos del Ministerio Publico, sino en la Asamblea Legislativa”, explicó luego de un fallido informe oral en la Comisión de Justicia Plural de Diputados.
De tramitarse en el Legislativo, los magistrados serán sometidos a un juicio de responsabilidades.
A inicios de enero, legisladores de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) presentaron una denuncia penal contra los magistrados y consejeros por “usurpación de funciones”, tras que fuera ampliado su mandato por una sentencia constitucional ante la falta de nuevas autoridades judiciales electas.
La querella fue presentada por el jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, quien alegó que los magistrados ocupan los altos cargos de la justicia “de manera ilegal”.
Los opositores objetan la Declaración Constitucional 0049/2023, del 11 de diciembre de 2023, que en su punto cuarto “dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado”.
En un intento por apartarlos de sus cargos, los senadores que responden a Evo Morales y los opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos aprobaron, el 18 de diciembre de 2023, el proyecto de ley 075 que dispone que los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del TCP “cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024”.
Además, aprobaron, en mutuo acuerdo, el proyecto de ley 073 de suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Sobre este último, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, recordó que la suspensión de plazos procesales fue declarado inconstitucional por el TCP en la Declaración Constitucional 0049/2023, del 11 de diciembre de 2023.
El tratamiento de ambos proyectos, además de otras siete normas sobre créditos, debía realizarse entre el 5 y 9 de febrero, en virtud del acuerdo asumido el 2 de febrero entre el MAS, CC y Creemos; sin embargo, luego que se promulgó la Ley 1549 Transitoria para las elecciones judiciales 2024 los diputados no se pusieron de acuerdo en qué propuestas legislativas debían tratarse primero.
Para el diputado Froilán Mamani (MAS), el acuerdo bicamaral multipartidario fracasó por los caprichos de los diputados del ala radical del MAS y los opositores que quieren que se apruebe las leyes 073 y 075 en desmedro de las siete leyes económicas que beneficiarían al país.
“El acuerdo político ha fracasado porque realmente hay intereses particulares y políticos, realmente el país no les interesa”, reprochó.
ABI
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