El general Miguel Angel Villarroya y la cúpula castrense habían sido criticados por no respetar el orden establecido. Primero debían inmunizar a militares sanitaristas y en misiones internacionales.
En España se desató un escándalo con la vacunación contra el Covid-19 a los militares, cuya cúpula no habría respetado el protocolo establecido, lo que terminó provocando la renuncia del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Angel Villarroya.
Villarroya presentó su dimisión ante la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien la aceptó inmediatamente y reclamó una investigación de lo ocurrido.
El jefe militar se defendió señalando que en ningún momento se aprovechó de «privilegios no justificables» y que respetó los protocolos establecidos por las autoridades.
Este caso es uno de los tantos que esta semana ha generado una creciente polémica en España, al hacerse públicos los nombres de políticos y representantes municipales e institucionales que han accedido a las vacunaciones sin estar todavía en los supuestos previstos para ser inoculados.
El hecho coinciden con un situación muy crítica en el país, con la tercera ola del virus generando un pico de contagios que amenazan con colapsar los hospitales y las ucis de nuevo, e incluso se teme un impacto superior sobre la población al de la primera ola, hace casi un año.
Un tema polémico
El general Villarroya recibió la vacuna junto a varios altos jefes militares dentro del plan de vacunación del Estado Mayor de Defensa, quien tiene asignado por el Ministerio de Sanidad un cupo de vacunas al margen de las que se reparten entre las comunidades autónomas para ser suministradas a la población civil.
Dentro de ese cupo, al Estado Mayor de la Defensa le corresponde un porcentaje para el que se estableció un orden de prioridades: personal sanitario, militares que van a participar en misiones internacionales y, por último, la estructura de mando siguiendo un criterio de edad.
Dentro del Estado Mayor ha sido ya vacunado todo su personal sanitario y se está procediendo al suministro de la vacuna a los efectivos que van a formar parte de operaciones internacionales, como son los que embarcarán próximamente en los buques de la Armada ‘Cazaminas’ y ‘Tajo’.
Una vez cumplido este procedimiento se comenzó con el tercer grupo del orden de prioridades, la estructura operativa para asegurar el mando de las operaciones.
Dado que en este caso el criterio es la edad, los generales fueron los primeros en recibir la primera dosis de la vacuna, incluido Villarroya. Sin embargo, también fueron vacunados suboficiales o civiles del Estado Mayor que reunían estos requisitos.
Un caso sensible en medio de la pandemia
El alto mando afirma que la vacunación de Villarroya tuvo lugar «en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a los protocolos establecidos y con la única finalidad de preservar la integridad, continuidad y eficacia de la cadena operativa de las Fuerzas Armadas».
Sin embargo, y en medio de la polémica, las autoridades militares reconocieron que la decisión de recibir la vacuna contra el Covid-19 está «deteriorando la imagen pública» de las Fuerzas Armadas y poniendo en duda su propia «honradez».
Este es el segundo caso de este tipo en las fuerzas de seguridad. Este viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió dar de baja al oficial de la Guardia Civil que hacía de enlace con el Estado Mayor de la Defensa y que también había sido vacunado.
La ministra Robles reconoció que había conocido el tema a través de los medios de comunicación, y anunció que había solicitado al JEMAD un informe para conocer la forma de actuación y los protocolos que habían guiado el orden de vacunaciones.
Clarin
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