El gobierno del presidente Luis Arce puso en marcha al menos cinco leyes “clave” que fueron aprobadas en la legislatura 2019-2020, presidida por la entonces senadora Eva Copa, del MAS. De esa cantidad, dos son relativas a salud: La ley del dióxido de cloro, y la de atención gratuita a pacientes con Covid en clínicas privadas.
También están en la lista la Ley del Bono Contra el Hambre, la ley sobre censura a los ministros y la llamada ley de arraigo.
La Constitución Política del Estado establece que una ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial.
La norma más reciente que el Ejecutivo puso en ejecución es la Ley 1330 de creación del Bono Contra el Hambre, que fue promulgada por Eva Copa el 16 de septiembre de 2020 y publicada en la Gaceta el 18 de ese mismo mes. Pero para su actual puesta en marcha, el presidente Arce aprobó el Decreto Supremo 4392, que reglamenta el pago de ese beneficio. El decreto fue emitido el 13 de noviembre.
Desde la tarde del 1 de diciembre, el Gobierno empezó a pagar el Bono Contra el Hambre de 1.000 bolivianos, que se prevé beneficiará aproximadamente a cuatro millones de personas.
En el ámbito de la salud, el Ejecutivo puso en marcha la Ley 1351, que “regula de forma excepcional la elaboración, comercialización, suministro, administración y uso consentido de la solución de dióxido de cloro”, como prevención y tratamiento en personas enfermas con coronavirus. La ley fue promulgada el 14 de octubre y fue publicada en la Gaceta el 1 de diciembre.
Esa norma sancionada fue observada por el gobierno de Jeanine Añez, con el argumento de que no hay una certificación internacional científica que valide su uso como tratamiento de la Covid. Incluso la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el uso de este producto.
La tercera norma que el gobierno de Arce puso en marcha es la Ley 1349, que tiene por objeto “garantizar la atención gratuita de pacientes con coronavirus por parte del Subsistema Privado de Salud que integra el Sistema Nacional de Salud, estableciendo a su vez el mecanismo para el reembolso por parte del Estado”. La norma data del 27 de agosto de 2020, pero fue publicada en la Gaceta Oficial el 1 de diciembre.
La cuarta norma que fue puesta en marcha es la Ley 1352, que busca la permanencia en Bolivia, por el lapso de tres meses tras haber cesado sus funciones, de los exfuncionarios que hayan tenido un cargo ejecutivo en el Gobierno, gobernaciones, municipios, en la Asamblea Legislativa o en las asambleas departamentales, entre otras instituciones. La ley fue publicada en la Gaceta Oficial el 1 de diciembre, pero fue promulgada el 14 de octubre.
Esa ley busca “que las autoridades salientes rindan todos los informes necesarios en el marco de la transparencia, precautelando los intereses del Estado, para dar continuidad a la gestión de gobierno y evitar la impunidad ante un posible hecho o acto de corrupción”.
La quinta norma que fue puesta en marcha es la Ley 1350 del 16 de septiembre de 2020, publicada recién en la Gaceta Oficial el 1 de diciembre. Establece que ante la censura de la Asamblea Legislativa contra un ministro, el Presidente en un plazo máximo de 24 horas debe destituirlo y que el Jefe de Estado no podrá designar como ministro a una persona que haya sido censurada en los tres años posteriores a su destitución.
Omar Aguilar, exsenador del MAS, destacó la puesta en vigencia de estas normas como un reconocimiento a la gestión legislativa 2019-2020 y que ello demuestra que el presidente Luis Arce “está valorando la gestión legislativa anterior”.
Pagina Siete
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