FOTO DE ARCHIVO: Pequeños frascos etiquetados con la etiqueta "Vacuna COVID-19" y una jeringuilla se ven en esta ilustración tomada el 10 de abril de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
El ministro de Salud, Édgar Pozo, anticipó este domingo que la provisión de la vacuna contra la COVID-19 para Bolivia será financiada por parte del Estado y también la cooperación internacional.
“En cuanto a los costos, por una parte, va a ser el esfuerzo propio del Estado también complementada por la cooperación internacional que nos está ofertando, gracias a Dios, una cooperación de orden financiero para la adquisición de las vacunas”, dijo el ministro Pozo.
Según el Ministro, lo que interesa es que la vacuna llegue a la población y empiece a usar el sistema de protección. “No le interesa a la gente cómo se está financiando”, apuntó.
Dijo que se está trabajando en coordinación con entidades de cooperación internacional, como ser la OPS, la OMS y algunas otras, para que pronto se tenga definiciones respecto a las vacunas que se distribuirán en el país.
Asimismo, negó las versiones de que ya se estaría vacunando en países vecinos. Aclaró que sólo se está dando vacunas en el marco de pruebas que se están realizando.
Recalcó que se está trabajando a plenitud para que la población de país cuenta con la vacuna lo más antes posible.
Dióxido de cloro
El ministro de Salud, Édgar Pozo, manifestó que se la repartición encargada de Medicina Tradicional se encargada de analizar el beneficio y propuesta terapéutica del dióxido de cloro como tratamiento, puesto que la sustancia está aprobada por ley para tratar la COVID-19.
“Está aprobado por ley (el dióxido de cloro), quiere decir que es permisible el acceso a esta medicina alternativa, de manera que con nuestra unidad de Medicina Tradicional se va a empezar a generar un conocimiento mayor sobre el beneficio, sobre las acciones, sobre la propuesta terapéutica que tiene esta sustancia”, dijo el ministro Pozo.
El uso del dióxido de cloro para prevención y tratamiento de la COVID-19 fue aprobado como ley en la anterior legislatura, a pesar de que entidades como la Organización Panamericana de Salud recomendaron no utilizar esa sustancia dado de que no existe evidencia de su eficacia y, además, genera un riesgo tóxico para el organismo.
Pozo indicó que el Ministerio no cierra las puertas a ninguna posibilidad de protección o tratamiento de la población.
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