La polémica por la retención del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) volvió a instalarse en el debate político y económico del departamento de Tarija, luego de que legisladores nacionales cuestionaran el destino de esos recursos descontados durante los últimos años. Desde diferentes instituciones y sectores regionales se insiste en que dichos montos deben ser restituidos a gobernaciones, municipios y universidades, debido a la crisis financiera que atraviesan las entidades públicas y la necesidad de fortalecer áreas esenciales como salud, educación y servicios básicos.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el diputado tarijeño Rodrigo Fuenzalida informó que junto a la diputada Karina Liebers presentó una petición de informe oficial al Banco Central de Bolivia con la finalidad de conocer el detalle exacto de los recursos retenidos por concepto del IDH entre las gestiones 2016 y 2025. El legislador explicó que la solicitud busca transparentar cuánto dinero fue descontado a las regiones y cuál fue el destino final de esos recursos que, según indicó, deberían permanecer resguardados por el Estado.
Fuenzalida señaló que la decisión de impulsar la petición de informe surgió luego de una reunión sostenida con el ministro de Economía y Finanzas, quien habría manifestado que esos recursos “ya no existen” debido a que fueron utilizados por la anterior administración gubernamental. Según el diputado, esa declaración generó preocupación entre autoridades y representantes regionales, debido a que existe el criterio de que dichos fondos debían mantenerse bajo administración del Banco Central de Bolivia y no ser utilizados para otros fines.
El parlamentario explicó además que la solicitud presentada exige información detallada mes por mes sobre los ingresos provenientes del IDH y la aplicación de la retención del 12% realizada desde 2016 hasta 2025. Asimismo, indicó que se pidió especificar cuánto dinero fue retenido a las universidades públicas, gobernaciones y municipios del país. Según los cálculos preliminares manejados por los legisladores, el monto retenido podría alcanzar aproximadamente los 96 millones de bolivianos solamente en el caso de Tarija.
Fuenzalida sostuvo que una de las principales demandas impulsadas desde Tarija es frenar definitivamente lo que calificó como una “confiscación” de recursos regionales. En ese contexto, reiteró el pedido de abrogación de la Ley 767 y la devolución total de los montos descontados durante los últimos años. Señaló que esos recursos son fundamentales para atender necesidades prioritarias relacionadas con salud, educación, infraestructura y servicios básicos, especialmente en un contexto económico complejo para las entidades subnacionales.
Finalmente, el diputado informó que existe coordinación entre legisladores, autoridades regionales e instituciones públicas para fortalecer las acciones legales y legislativas orientadas a recuperar los recursos retenidos. Mencionó que junto al diputado José Luis Porcel se trabaja en la unificación de propuestas legislativas para impulsar con mayor fuerza la abrogación de la norma. Además, recordó que tanto la Gobernación, la Alcaldía de Tarija y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho ya hicieron pública su exigencia de devolución del 12% del IDH y buscan evitar nuevos descuentos en futuras gestiones.
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