El complejo panorama económico que vive el país, agravado por el lento crecimiento y la reducción de ingresos en miles de hogares, ha empujado a muchas familias bolivianas al límite de sus posibilidades para cumplir con el pago de sus créditos de vivienda. En este escenario, desde la Asamblea Legislativa se impulsa un proyecto de ley que busca llevar un respiro temporal a quienes están al borde de perder sus inmuebles.
En diálogo con El Guadalupano, el diputado Edwin Rosas explicó que esta propuesta normativa establece la suspensión inmediata de todos los procesos judiciales, sentencias y remates vinculados a créditos de vivienda social. “Queremos que la gente tenga seis meses para estabilizarse y buscar alternativas para honrar sus deudas sin el temor constante a perder su casa”, afirmó.
El alcance del proyecto de ley contempla que los deudores con procesos en cualquier etapa, incluidos aquellos que ya tienen sentencia firme o fecha de remate, queden protegidos durante este periodo. La pausa será automática, sin necesidad de trámites adicionales, aunque quien desee continuar pagando normalmente podrá notificar a su entidad bancaria para mantenerse al día.
Un aspecto clave es que estos seis meses no generarán intereses adicionales ni incrementos sobre el capital, garantizando que la deuda no se encarezca por el diferimiento. Según detalló el parlamentario, se instruirá a la ASFI reglamentar este punto en un plazo máximo de diez días para evitar interpretaciones ambiguas que terminen perjudicando a los prestatarios, como ocurrió en el pasado.
“Estamos hablando de un alivio directo para más de un millón y medio de bolivianos en el país; solo en Tarija calculamos que al menos 68.500 personas se beneficiarán con este congelamiento temporal”, sostuvo Rosas, resaltando que es una medida altamente necesaria ante la incertidumbre financiera que atraviesan muchas familias.
Organizaciones de prestatarios en distintos departamentos, incluida Tarija, han venido solicitando hace meses un espacio para recuperarse, tras advertir que las ejecuciones y remates seguirían creciendo si no existía una solución legislativa. Aunque algunos esperaban un plazo mayor, el consenso logrado con la banca determinó establecer este periodo intermedio de seis meses.
El legislador precisó que quienes opten por acogerse al beneficio contarán con este semestre para reactivar sus pequeños negocios, encontrar nuevos empleos o reorganizar sus finanzas, evitando la pérdida irreversible de su patrimonio familiar. “Bolivia tiene gente que cumple, pero a veces las crisis golpean tan fuerte que el tiempo es lo único que necesitan para levantarse”, comentó.
Finalmente, Rosas informó que tras su aprobación en la Comisión de Planificación, el proyecto será derivado a presidencia de la Cámara para que en las siguientes semanas sea tratado en sesión plenaria. El objetivo es que antes de agosto se convierta en ley y entre en vigencia, brindando tranquilidad a quienes hoy temen ser desalojados.
Acerca del autor
