La falta de información pública y precisa sobre el sistema de fotomultas que estaría siendo impulsado por la Alcaldía de Tarija ha generado inquietud en sectores legislativos. El diputado Edwin Rosas decidió activar un mecanismo formal de fiscalización desde la Asamblea Legislativa Plurinacional para conocer a fondo los detalles de este proyecto.
En contacto con El Guadalupano, Rosas confirmó que presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) ante la Cámara de Diputados, dirigida al alcalde municipal, con el fin de esclarecer aspectos clave sobre la contratación, ejecución y operatividad del sistema de fotodetección de infracciones. “Este proyecto debe ser transparente desde su origen hasta su aplicación”, subrayó el legislador.
Según explicó el diputado, su requerimiento incluye preguntas específicas como la identificación de la empresa responsable del proyecto, el procedimiento mediante el cual fue contratada, las autoridades que aprobaron su implementación, y la modalidad bajo la cual se efectuarán los cobros a los infractores.
Rosas lamentó que previamente se intentó obtener esta información mediante notas institucionales enviadas directamente al Gobierno Municipal, pero no hubo respuesta efectiva.
“Nos dijeron que no podían responder informalmente y que debía gestionarse desde la Cámara de Diputados”, para el asambleísta, esta actitud refleja un preocupante nivel de opacidad en el manejo del proyecto, el cual involucra temas sensibles como el control ciudadano y la administración de recursos provenientes de sanciones.
Además, advirtió que cualquier sistema que implique sanciones económicas debe contar con respaldo legal, consenso ciudadano y mecanismos claros de control. “No se puede aplicar un sistema de multas sin dar la cara ni explicar sus alcances”, cuestionó.
Rosas también manifestó que esta acción no tiene un afán político, sino que responde a la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos que podrían verse afectados por la falta de información y claridad en la ejecución de políticas públicas.
Finalmente, indicó que esperará la respuesta formal del alcalde dentro de los plazos establecidos por norma, y de no obtener una respuesta satisfactoria, no descarta asumir nuevas acciones de fiscalización desde su rol parlamentario.
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