De los dos contratos firmados por Arce para la extraccion de litio, uno pasó al pleno de la Cámara de Diputados. La comisión prevé debatir el segundo, el firmado con una empresa rusa, esta semana, en medio del rechazo de pobladores, legisladores y dirigentes cívicos.
La diputada potosina Mónica Torres, de Comunidad Ciudadana, cumplió este lunes 17 de febrero su quinto día de huelga de hambre en protesta por la falta de una ley marco que regule la explotación del litio antes de aprobar contratos con empresas extranjeras.
En ese contexto, Torres exige que la Comisión de Economía Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional trate y apruebe el Proyecto de Ley 026-2023, que establece un marco regulatorio para los recursos evaporíticos del país.
“Estamos reclamando que, primero, se apruebe una ley marco del litio antes de firmar cualquier contrato. Es un recurso fundamental para Bolivia, como en su momento lo fueron los hidrocarburos. No podemos permitir que se lo dilapide sin regulación”, sostuvo la legisladora desde su piquete de huelga.
La protesta de Torres surge en un contexto de creciente tensión por la reciente aprobación en la Comisión de Economía Plural del Proyecto de Ley 197/2024-2025, que avala el contrato entre la Empresa Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la china Hong Kong CBC Investment Limited para producir de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, Potosí.
Dicho contrato, suscrito en noviembre de 2024, prevé una inversión de más de $us 1.000 millones y contempla la aplicación de la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), distinta a las piscinas que se desarrollaran desde hace casi 17 años sin muchos resultados.
La diputada también cuestionó la transparencia del proceso y denunció que la Comisión de Economía Plural, presidida por el diputado Hernán Hinojosa (MAS-ala arcista), aprobó el pasado 13 de febrero este contrato a puertas cerradas.
“Nos han cerrado las puertas, hemos tenido que forzar la entrada para presenciar la sesión. No podemos permitir que se repita lo que ocurrió con el crédito chino, aprobado a puerta cerrada”, denunció.
“Nos cerraron la puerta con candado y cadenas, los policías no custodiaron adecuadamente y tuvimos que forzar la entrada. Esto solo indica que los contratos son oscuros. Incluso, han puesto una piedra en la puerta”, insistió.
Además, YLB y la empresa rusa Uranium One Group, en septiembre de 2024, firmaron un contrato para para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, utilizando también la tecnología EDL, con una inversión superior a los $us 970 millones.
Este contrato debería ser analizado en la comisión esta semana, de acuerdo con la agenda general de esta comisión. El Gobierno aseguró que socializará el contenido de este entendimiento antes de que sea debatido en la Asamblea Legislativa.
Torres dijo que, con el antecedente del 13 de febrero, los legisladores oficialistas pueden sesionar en cualquier momento, incluso durante la fiesta de Carnaval. “Tenemos que estar atentos”, declaró y pidió que otros legisladores se sumen a su medida de presión.
Contratos
La oposición y sectores cívicos potosinos han manifestado su rechazo a estos contratos, alegando que Bolivia solo recibirá el 22% de las ganancias, mientras que el 78% restante quedaría en manos de las empresas extranjeras.
Además, alertan sobre el impacto ambiental que podría generar la explotación sin regulaciones claras, particularmente por el uso intensivo de agua y la falta de consideración sobre los subproductos derivados del proceso, como el magnesio.
Por su parte, el Gobierno defiende los contratos firmados con la china Hong Kong CBC y la rusa Uranium One Group, argumentando que son el resultado de un riguroso proceso de selección.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, aseguró en varias oportunidades que estos acuerdos garantizan la industrialización del litio con tecnologías avanzadas y que Bolivia mantendrá al menos el 51% de los beneficios económicos generados.
Entretanto, en Potosí, el Comité Cívico y organizaciones sociales han declarado estado de emergencia y advirtieron con movilizaciones si la Asamblea Legislativa avanza con la aprobación de estos contratos sin antes debatir la Ley Marco del Litio.
“No permitiremos que se repita la historia del Cerro Rico de Potosí. Nos están saqueando nuevamente nuestros recursos”, denunció Yamile Cruz Tejerina, ejecutiva de la Federación Regional de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (Frutcas).
Mientras tanto, Torres reiteró su determinación de mantener la huelga hasta que se atienda su demanda.
“No vamos a dar un paso atrás. Primero la ley del litio, después los contratos”, sentenció.
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