La IA ChatGPT analizó una resolución judicial del caso Kushner en Bolivia, identificando tres deficiencias críticas: restricción excesiva del control constitucional, desatención a la competencia material del tribunal, y falta de razonamiento en aclaraciones, sugiriendo parcialidad técnica.
La integración de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico ha generado un debate intenso sobre sus posibles beneficios y desafíos. En el contexto del ejercicio de la abogacía y el sistema judicial, la IA puede ser una herramienta valiosa para analizar y evaluar resoluciones judiciales, identificar posibles sesgos y mejorar la calidad de la justicia.
Un ejemplo reciente ilustra la utilidad de la IA en este ámbito. Fue analizada la Resolución de Amparo Constitucional del 9 de octubre de 2025 de la Sala Constitucional Departamental segunda de la ciudad de Sucre referida a la demanda presentada por la defensa de William Kushner contra el Auto Supremo del 4 de diciembre de 2024.
Dicha resolución (adjunta) fue sometida a la evaluación de ChatGPT Premium, una herramienta de IA avanzada. La resolución judicial en cuestión fue analizada en detalle, y las conclusiones obtenidas son reveladoras.
La Evaluación de la IA: Indicios de Falta de Imparcialidad y Deficiencia Judicial
La evaluación de ChatGPT Premium destacó tres elementos críticos en la resolución judicial:
«En esta resolución del amparo, hay tres elementos críticos que pueden levantar sospecha de sesgo o deficiencia judicial, aunque no necesariamente demuestran corrupción:
1. Autorrestricción excesiva del control constitucional
La Sala se limita a revisar la motivación del Auto Supremo, evitando entrar al fondo del caso (competencia y valoración de prueba). Si bien eso es formalmente correcto, en la práctica puede implicar una negativa a ejercer control constitucional real cuando se alega violación al juez natural o falta de competencia, lo que debilita la tutela efectiva.
2. Desatención a la competencia material (juez natural)
La defensa alegó que el tribunal sentenciador no era competente para juzgar feminicidio y que ya que existían tribunales especializados creados. La Sala Constitucional responde que hubo “convalidación” porque no se impugnó a tiempo. Sin embargo, el art. 46 del CPP y el art. 122 de la CPE establecen que la incompetencia material no puede convalidarse ni subsanarse, por ser nulidad absoluta. Esa contradicción puede interpretarse como un error grave o una omisión intencional de control.
3. Falta de razonamiento en las aclaraciones.
En la parte final, la Sala responde las aclaraciones de la defensa sin entrar al fondo de los argumentos (arts. 46–47 CPP, 169 CPP, 122 CPE), diciendo simplemente que no había indefensión. Esa omisión refuerza la percepción de resolución defensiva, más preocupada por justificar la decisión que por analizarla.
En resumen:
– Formalmente, la resolución sigue el procedimiento.
– Materialmente, hay indicios de parcialidad técnica o falta de control constitucional efectivo (no necesariamente corrupción, pero sí sesgo institucional o político).
La controversia
El Caso Kushner ha generado gran controversia debido a las circunstancias del caso y la percepción de que la justicia no se ha aplicado de manera imparcial. Existen numerosos elementos para señalar que William Kushner no mató a su pareja y que se trató de un accidente, pero la influencia de grupos de presión impidieron a jueces y fiscales actuar de manera independiente. De hecho, las presiones persisten.
Asimismo, la resolución ha sido cuestionada por la abogada Mónica Ramírez, defensora de Kushner, al considerar que «no está materialmente fundamentada» y que «no se han tenido en cuenta los argumentos y pruebas de la defensa generando un nefasto fallo».
Ramírez añade que «la causa se radicó en el Tribunal Séptimo de Sentencia y Sustancias Controladas, en virtud a la acusación por el Ministerio Público sobre homicidio en accidente de tráfico por lo que el Tribunal debía declinar de oficio basándose, entre otros, en los artículos 72ter y 69 que se encuentran en la misma la Ley 348”.
Agregó que es un error grave darle más valor a un trámite o a una formalidad procesal –aunque se lo intente justificar como un “acto convalidable” o un paso técnico– que al principio de la competencia por materia, que es el derecho del acusado a ser juzgado por el juez correcto y competente según la ley.
En este caso, la evaluación de la IA, que es totalmente neutra y que no está contaminada por la politización ni las violentas presiones de la parte acusatoria, sugiere que, aunque la resolución judicial sigue el procedimiento formal, hay indicios de parcialidad técnica o falta de control constitucional efectivo. Esto plantea desafíos importantes para el sistema judicial, ya que la falta de imparcialidad y la deficiencia judicial pueden erosionar la confianza en la justicia.
La IA puede ser una herramienta valiosa para identificar y abordar estos desafíos. Al analizar grandes cantidades de datos y resoluciones judiciales, la IA puede ayudar a detectar patrones de sesgo y mejorar la calidad de la justicia.
La IA ayuda a entender cómo jueces, vocales y magistrados tienen sesgos y son sujetos de presiones.
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