La Defensoría del Pueblo calificó de insuficiente e inoportuna la respuesta estatal para contener la primera ola del COVID-19 durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
“La respuesta estatal no fue oportuna en cuanto a medidas de prevención y atención COVID-19, pues el primer caso se presentó el 10 de marzo de 2020 y la ley nacional de acciones de prevención, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19 data del 1 de abril de 2020”, indicó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Esta jornada se presentó el Informe Defensorial “Salud, derechos humanos y COVID-19 en Bolivia”, elaborado con información obtenida de 38 establecimientos sanitarios del país, entre febrero y noviembre de 2020.
Cruz señaló que la política contra el COVID-19 aplicada por el gobierno de facto generó temor en la población y, principalmente, puso en riesgo la integridad, vida y salud de las naciones y pueblos originarios campesinos.
En las conclusiones del informe, también se establece que el Ministerio de Salud, durante la primera ola del coronavirus, no realizó estudios científicos para el uso de medios alternativos de tratamiento del COVID-19, lo que conllevó a que la población use estos sin una regulación y de manera indiscriminada.
Otro aspecto que contempla el documento es que en el gobierno de facto hubo una falta de regulación hacia las clínicas privadas, sin lograr frenar los abusos y arbitrariedades hacia los pacientes.
El informe defensorial también contempla una serie de recomendaciones para que las autoridades del actual Gobierno refuercen la estrategia de prevención, atención y tratamiento de la pandemia.
ABI
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