
También se exige que el PGE 2023 se elabore sobre la base de las proyecciones poblacionales intercensales del INE.
La Cumbre Departamental de Emergencia por un Censo Oportuno y Transparente que se realizó en Santa Cruz resolvió dar cinco días de plazo al Gobierno para que abrogue el decreto supremo que posterga el censo hasta 2024 y advirtió con un paro escalonado desde el 25 de julio si es que no se cumple con esa y otras seis demandas.
“Parece que nos veremos una vez más en las calles, para que podamos hacer respetar nuestros derechos y el desarrollo de nuestro pueblo, y los recursos que nos corresponden”, manifestó el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en su intervención.
En la cumbre participaron autoridades, municipales y departamentales, asambleístas nacionales que representan a Santa Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).
El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo aprobó ocho puntos entre los cuales se exige además la inclusión de universidades al Consejo Nacional de Autonomías, que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 se elabore sobre la base de las proyecciones poblacionales intercensales del INE y que se redacte una propuesta de ley nacional de censos que fije plazos para aplicar la encuesta poblacional.
A continuación, los ocho puntos aprobados en la cumbre cruceña, leídos por el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar:
Determinaciones del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo
1. Rechazar el Decreto Supremo 4760 que posterga el Censo de Población y Vivienda 2022 para el 2024 y exigir al presidente del Estado su inmediata abrogación.
2. Ratificar la Resolución de la Reunión de la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo en su punto 2, que exige que la brigada Parlamentaria cruceña inicie las acciones legales que correspondan, contra las autoridades responsables por incumplimiento de deberes y por daño económico al Estado.
3. Encomendar a la Universidad, la Gobernación y el Municipio elaborar una propuesta de Ley Nacional de Censos, donde queden claramente establecidos los períodos censales, intercensales y otras mediciones estadísticas bajo la responsabilidad del INE y de los Institutos Estadísticos Departamentales.
4. Encomendar al Instituto Cruceño de Estadística que realice la Encuesta Poblacional de Necesidades a nivel departamental, que permita a la Gobernación y los municipios cruceños disponer de la información estadística actualizada.
5. Exigir al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación del Art. 123 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que establece la conformación del Consejo Nacional de Autonomía para la incorporación de los rectores de universidades autónomas a este Consejo.
6. Encomendar a la UAGRM preparar y presentar los proyectos de ley que permitan la coparticipación de los recursos emergentes del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), de las Notas de Créditos Fiscal (NOCRE) y de los Títulos Valores para que sean coparticipables por municipios y universidades en un 20% y 5% respectivamente.
7. Exigir que el Presupuesto General del Estado 2023 sea elaborado sobre la base de las proyecciones poblacionales intercensales que presenta oficialmente el INE y que se cree un fondo de compensación para los municipios que se vean afectados por la pérdida de población.
8. Ratificamos el estado de emergencia departamental y en caso que el Gobierno Nacional no cumpla con las exigencias de esta Cumbre, en el plazo de 5 días hábiles, se convoca a un paro departamental desde el lunes 25 de julio del 2022.
Página Siete