La Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (COSAALT) deberá afrontar el pago de una sanción económica superior a los 2,7 millones de bolivianos, tras un fallo emitido por el Tribunal Agroambiental. La resolución, fechada el 5 de mayo de 2025, responde a la falta de presentación de informes ambientales exigidos por ley.
El presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, Juan José Peca en diálogo con El GUADALUPANO Periódico Digital informó que el tribunal estableció un plazo de tres días para que COSAALT cumpla con el pago. No obstante, ante la falta de respuesta en el tiempo establecido, se procedió a realizar una anotación preventiva sobre los fondos que la institución mantiene en cuentas del Banco Unión y el Banco Mercantil Santa Cruz.
Peca aclaró que esta medida no implica la congelación de las cuentas ni afecta el funcionamiento operativo de la Cooperativa. “Se trata de una anotación precautoria del monto fijado en la sanción. Las actividades continúan desarrollándose con normalidad”, señaló.
El monto total podría superar los 3 millones de bolivianos, tomando en cuenta los intereses acumulados y las costas procesales. La situación ha generado preocupación en la estructura interna de la Cooperativa y ha motivado la exigencia de responsabilidades a las anteriores autoridades.
Ante este escenario, el Consejo de Vigilancia ha solicitado formalmente al Tribunal Agroambiental una notificación directa y oficial sobre el contenido de la sentencia. “Queremos contar con documentación detallada para que las instancias internas de control puedan actuar conforme a la norma”, explicó Peca.
Asimismo, se prevé que se soliciten acciones legales contra exautoridades de COSAALT, incluyendo al exgerente José Luis Patiño y a la expresidenta del Consejo de Administración, Fabiola Ríos, por la presunta comisión de incumplimiento de deberes.
Desde el Consejo de Vigilancia se considera que el incumplimiento de obligaciones ambientales constituye una falta grave que no puede quedar impune. Por ello, se trabaja en coordinación con asesores legales para determinar responsabilidades administrativas y penales.
Finalmente, Peca subrayó que el objetivo es garantizar transparencia en la gestión de COSAALT y evitar que situaciones como esta perjudiquen a la institución o a los usuarios del servicio. “Debemos tomar medidas firmes para preservar la credibilidad y el buen manejo de la Cooperativa”, concluyó.
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