En medio de un debate ciudadano sobre movilidad urbana y derechos viales, surgieron cuestionamientos al proyecto de educación vial impulsado bajo un modelo de alianza público-privada por el Gobierno Municipal de Tarija. La iniciativa, que incluye el uso de fotomultas, ha generado preocupación en la población debido a la falta de información clara sobre su alcance y aplicación.
En diálogo con el periódico digital El Guadalupano, el concejal municipal de Tarija, Daniel López, afirmó que su labor ha sido recoger denuncias vecinales, solicitar informes y recopilar datos que permitan dar certeza sobre el verdadero objetivo del programa. “Estamos aquí para dar claridad y hablar con la verdad, porque este modelo busca cuidar a los transeúntes y garantizar seguridad vial, pero debe hacerse con transparencia”, sostuvo.
El concejal explicó que la alianza público-privada se enmarca en la Ley 246, donde el municipio, junto con la empresa contratada, busca implementar mecanismos de control para proteger a los peatones frente a infracciones de tránsito. Sin embargo, cuestionó que la estrategia se haya reducido a un sistema coercitivo basado en fotografías que derivan en sanciones económicas, lo que ha despertado rechazo en varios sectores.
Uno de los puntos más críticos señalados por López es la deficiente socialización del proyecto. Según indicó, gran parte de la ciudadanía desconoce las causas de las sanciones, los montos que deben pagar y la escala de infracciones clasificadas como leves, graves o reincidentes. “¿Cómo van a respetar una norma que no conocen? La población tiene derecho a ser informada antes de ser sancionada”, advirtió.
Otro aspecto que genera desconfianza es la falta de claridad sobre el destino de los recursos recaudados mediante las fotomultas. López sostuvo que la administración municipal no ha brindado información concreta sobre en qué se invierten los fondos obtenidos, lo que abre dudas respecto a la transparencia y el control social del programa.
El concejal subrayó además que el verdadero debate no debe limitarse a las fotomultas, sino a la movilidad urbana en su conjunto. En su criterio, Tarija necesita discutir políticas integrales que incluyan ciclovías seguras, señalización adecuada, pasos peatonales visibles y mejores condiciones de las calles, ya que estas carencias afectan directamente a conductores y peatones.
Asimismo, López resaltó que la participación ciudadana es indispensable para resolver la problemática vial. “No podemos tomar decisiones a espaldas de la gente. Se requiere un gran diálogo en el que todos los sectores definan el rumbo de la movilidad urbana, más allá de este programa específico”, expresó.
Finalmente, reiteró que la intención de su denuncia no es oponerse a la modernización ni a la educación vial, sino exigir que los procesos se realicen con transparencia, información clara y consenso social. “La seguridad vial es un derecho de todos, pero debe construirse con confianza y con la gente”, concluyó el concejal.
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