La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 070/2025-2026 de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano, que establece penas para quienes bloqueen rutas y responsabilidades para autoridades que no atiendan conflictos dentro de sus competencias. La norma pasa ahora al pleno para su tratamiento.
“Se ha creado el tipo penal de obstrucción grave a las rutas públicas, donde se ha creado un tipo penal que prohíbe de toda manera el bloqueo”, informó el presidente de la comisión, diputado Manolo Rojas.
Según Rojas, los bloqueadores podrían recibir penas de entre tres y 10 años de cárcel, de acuerdo con la gravedad del caso. En el caso de las autoridades, explicó que el delito de incumplimiento de deberes tendrá una agravante de dos tercios, con una sanción que podría llegar hasta seis años y dos meses.
El diputado Omar Muriel explicó que las autoridades notificadas sobre un conflicto tendrán 15 días hábiles para atenderlo o derivarlo a la instancia competente; de no hacerlo, podrían asumir responsabilidad. Añadió que la protesta pacífica está permitida mientras no afecte derechos de terceros.
El proyecto fue elaborado a partir de la unificación de 10 propuestas y, según Rojas, durante su análisis se revisaron 72 notas a favor y en contra. Los procedimientos operativos para la aplicación de la norma serán precisados mediante decreto supremo.
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