Los Ponchos Rojos del ala ‘evista’ anuncian una marcha este miércoles desde El Alto y terminarán con un cerco a la plaza Murillo. Los sectores piden la renuncia de tres ministros de Arce y del titular de YPFB para levantar las medidas.
Persisite la tensión en el país. Diferentes sectores realizarán una serie de movilizaciones y pusieron un plazo al Gobierno central para que dé una respuesta ante la escasez de gasolina y diésel. Es más, pidieron la cabeza de tres ministros del gabinete del presidente Luis Arce y del titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); de lo contrario, amenazan con un paro indefinido y hasta un cerco a la plaza Murillo de La Paz.
Estas medidas surgen pese a la llegada de cisternas a la planta de Senkata, en El Alto, para la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en diferentes regiones y que así disminuyan las largas filas. Además, ayer se conoció la decisión que tomó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca en contra la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2025 que establece el decomiso de mercaderías por sospecha de agio y especulación.
La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia realizó un ampliado en la ciudad de Sucre en la que participaron los dirigentes de las federaciones de los nueve departamentos. En su conclusión, que fue “muy debatida”, otorgaron un plazo de 72 horas al Gobierno para resolver el problema de la falta de carburantes y mejorar el estado de las carreteras; caso contrario, ingresarán en un paro indefinido a partir de mañana.
Además, el sector exige la destitución de los presidentes de YPFB, Armin Dorgathen; de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcel Claure; y del viceministro de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.
Desde Sucre, el ejecutivo de la Federación departamental de Choferes, Marco Antonio Huaranca, afirmó que en el ampliado se propuso no pagar peajes hasta que se resuelva el problema de la crisis energética y se garantice la libre transitabilidad.
“Vamos a exigir el control del pago de peaje que hacemos, sabemos que un porcentaje va para el arreglo de carreteras y con las lluvias hemos visto que las carreteras están muy mal, no hay presupuesto para el arreglo”, manifestó Huaranca en contacto con los medios.
En el otro frente, el Comité Multisectorial, que aglutina a gremialistas, transportistas, industriales y del que participó el Comité Cívico pro Santa Cruz, sostuvo su octavo encuentro de la cadena productiva en Cochabamba. Ahí acordaron que el próximo 24 de marzo protagonizarán una marcha desde el sector de Apacheta, La Paz, hasta la sede de Gobierno si es que no se soluciona la provisión de diésel.
El dirigente gremial César Gonzáles pidió la dirigencia cruceña que convoque a sus similares del resto del país para que se sumen a la protesta que es de “interés nacional”. Indicó que, a solicitud de los otros sectores gremiales, este 21 de marzo se reunirán en El Alto para definir los detalles de la marcha. Eso sí, aclaró que no realizarán medidas que afecten a la economía y a las familias, y que tampoco buscan inestabilidad de las autoridades.
Mientras, los Ponchos Rojos, aliados al expresidente Evo Morales y que aglutinan a 20 provincias de La Paz, advirtieron que realizarán una marcha para cercar la plaza Murillo también el 19 de marzo, si es que la administración de Luis Arce no destituye a tres ministros y responde a su pliego petitorio.
David Mamani, representante del sector, manifestó que se dio 72 horas al Gobierno para que se destituya a los ministros Édgar Montaño, de Obras Públicas, Alejandro Gallardo, de Hidrocarburos; y Zenón Mamani, de Desarrollo Productivo. Además, exigen el despido del presidente de YPFB y el gerente de Emapa, Franklin Flores.
“Estos ministerios lo han convertido en un nido de actos de corrupción, donde han dotado a sus familiares, a amigos con cargos públicos, los cuales se han dedicado todos los días a ser operadores políticos y no a ser servidores públicos”, denunció Mamani.
Por su parte, la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) se declaró en emergencia por la propuesta del Gobierno de que se cancele Bs. 11,50 por litro de diésel sin subvencionar para sector mineros y agropecuarios, como medida para encarar la crisis.
De igual manera que el resto de los sectores, dieron un plazo de 48 horas para que el ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB dimitan “por su incapacidad para resolver la escasez del combustible”.
Ante la admisión el TCP sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta de la cuestionada disposición séptima, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, manifestó que si bien no fueron notificados ellos acatarán la determinación.
LOS DATOS
SE REUNIRÁN ESTE VIERNES. El Comité Multisectorial se reunirá en El Alto para definir los detalles de la marcha que partirá este lunes 27 de marzo para llegar a La Paz.
CUATRO SECTORES MOVILIZADOS. Gremialistas, transportistas, mineros de Potosí y de La Paz se movilizarán a partir del 19 de marzo si el Gobierno no responde a la demanda de escasez de combustibles y si al menos dos ministros no son despedidos.
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