Categoría: INTERNACIONAL

García instó a la presidenta a pedir disculpas y a reconocer errores en la respuesta de su Gobierno a las manifestaciones.

El ministro de Trabajo de Perú, Eduardo García Birimisa, presentó este jueves su carta de renuncia a la mandataria Dina Boluarte, a quien instó a pedir disculpas y a reconocer errores en la respuesta de su Gobierno a las protestas antigubernamentales que suman casi medio centenar de fallecidos desde diciembre, 21 de ellos en los últimos cuatro días.

“Agradezco a la presidenta, Dina Boluarte, y al primer ministro, Alberto Otárola, por haberme dado la oportunidad de servir a mi país”, escribió García Birimisa en su cuenta de Twitter, donde compartió la misiva que envió a la jefa de Estado.

En la carta, el ahora extitular de la cartera de Trabajo afirmó que la crisis social y política que vive Perú “amerita un cambio de rostros en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede esperar hasta abril de 2024”.

“No hacerlo creo que genera un desgaste que, al menos en mi caso, me inhabilita para poder poner en práctica la construcción de un diálogo que considero necesita el país”, se lee en el documento.

En este sentido, el exministro, quien asumió el cargo en diciembre pasado, defendió la necesidad de “un acto político” y “de un pronunciamiento del Gobierno que exprese el dolor” por las 49 vidas que se han perdido en las protestas ciudadanas, que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones para este año.

“Se requiere que se pida disculpas a la población y que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita”, insistió.

En la misiva, García explicó que asumió el “reto” de ser ministro “en un momento crítico que ponía en jaque” la gobernabilidad del país, pero con la convención de que “podría contribuir a construir el Perú que soñaba” desde su sector.

Mencionó que, detrás de las protestas, “se encontraban demandas sociales largamente ignoradas”, a pesar de que también podrían “haber motivaciones oscuras y malintencionadas”, lo que llevó al Gobierno a “adoptar una respuesta que pudiera contener estos ataques”.

“Sin embargo, señora presidenta, la tragedia prontamente se repitió y muchos hermanos cayeron, esta vez en Puno y en Cuzco. Esta vez, creo que la atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos de vivir así lo demuestran”, sostuvo.

García apostilló que la polarización que afronta el país “se refleja en las actitudes” del Parlamento y por ello expresó la necesidad de “entrar en un proceso de reflexión”.

“Necesitamos poder discutir con un diálogo serio, en el que validemos la posición del otro y nos esforcemos por comprender sus razones, solo así podremos respetarnos e identificarnos”, concluyó.

EFE

El Ministerio Público anunció ayer el proceso contra la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros del Interior y el ministro de Defensa.

La Fiscalía de la Nación de Perú abrió ayer una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas.

El Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso iniciar la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.

Además, la investigación será contra “Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior”.

La investigación preliminar es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó el Ministerio Público.

Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por haber dado un fallido golpe de Estado.

El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.

Otárola acudió ayer al Congreso para el trámite de confirmación parlamentaria de su investidura, y anunció que el Gobierno acordó declarar “duelo nacional laborable” para mañana “en respeto a los caídos” en las protestas, que en menos de un mes suman 47 personas fallecidas, el último de ellos, un policía de Puno que todavía no ha sido identificado.

Además, informó que “hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana”.

“Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno”, explicó ayer Otárola ante el pleno del Congreso en referencia a la región que fue foco de violentas manifestaciones y enfrentamientos con la Policía este lunes, cuando murieron 17 manifestantes.

Durante la presentación del primer eje de su programa de Gobierno, denominado “paz social”, Otárola lamentó la “pérdida irreparable” de los peruanos fallecidos en las protestas, que desde diciembre pasado suman 39 manifestantes muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, 7 por hechos vinculados a las protestas y el policía cuyo cuerpo fue calcinado esta madrugada.

“El fantasma de la violencia irracional volvió a servirse en el Perú”, declaró tras insistir en su respaldo a las fuerzas policiales.

Otárola acudió ayer al pleno del Congreso para pedir el voto de confianza de su gabinete, un día después de la trágica jornada de violencia en Puno, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, elecciones para 2023 y una nueva constitución, entre otros reclamos.

Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el pasado 7 de diciembre, cuando el Congreso de ese país destituyó a Pedro Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

Policía asesinado

Antecedentes El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, confirmó ayer que un suboficial de la Policía Nacional (PNP) murió tras ser “quemado vivo” por una turba que lo atacó en la ciudad sur andina de Juliaca, donde el lunes murieron otras 17 personas en manifestaciones antigubernamentales.
“Se constituye al lugar de los hechos la Policía y constata que un policía fue golpeado y maniatado y el otro, el subalterno de segunda José Luis Soncco Quispe, ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero”, aseguró Otárola durante su presentación ante el pleno del Congreso.
El primer ministro relató que los manifestantes retuvieron hacia la medianoche del martes un vehículo patrulla policial en una calle de Juliaca.

Luego de que el Gobierno peruano emitió una orden para impedir el ingreso a su territorio a Evo Morales y a ocho de sus allegados, el expresidente boliviano alegó ayer que el veto era por “defender la vida de Pedro Castillo”, “hablar de la Constituyente” y “pedir que paren el genocidio contra indígenas”.

Sin embargo, el Ministerio del Interior de Perú, a través de Migraciones, detalla que el impedimento a los nueve bolivianos es por su injerencia en asuntos internos del país vecino.

El Ministerio del Interior informó que la decisión fue asumida en el marco de que Perú es un país soberano y democrático y que su ordenamiento migratorio establece que todo ciudadano extranjero en ese país “tiene el deber de conducirse cumpliendo el ordenamiento jurídico, en especial en lo referido a la seguridad nacional y orden interno”.

Sostiene además que en los últimos meses se ha identificado a ciudadanos bolivianos ingresar a Perú para realizar actividades políticas y proselitistas, “lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria a la seguridad nacional y al orden interno de Perú”, dice el comunicado.

Pese al veto, el senador del MAS, Leonardo Loza, reafirmó ayer que con el expresidente irán a ese país si es que son invitados y que ningún comunicado los callará.

“Si algún sector, alguna provincia o alguna organización de Perú, si nos invitan, vamos a estar ahí. A ver que nos detengan o que detengan al hermano Evo Morales. Así que no nos genera ninguna importancia ese tipo de decisiones”, dijo Loza a Erbol.

Morales, a través de cuenta de Twitter, también criticó el cambio de discurso de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y recordó —anexando un video como prueba— que la actual Presidenta peruana en el pasado le expresaba su apoyo.

En el audiovisual, que corresponde a 2021, Boluarte sostuvo que no le molestaba ni le preocupaba la presencia de Morales en Perú. Además, calificó al expresidente boliviano como “una persona totalmente noble, sencilla y además tiene un carisma social tremendo”.

“Lamento mucho cómo la hermana Dina Boluarte, que antes defendía nuestro proceso de integración con dignidad, solidaridad y hermandad, ahora nos ataca para distraer y esquivar la responsabilidad sobre las graves violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos peruanos”, dijo el líder del MAS.

Los bolivianos

En la sesión de Congreso donde se aprobó el impedimento a que nueve bolivianos ingresen a Perú, hizo su comparecencia el Superintendente de Migraciones, Armando García, quien dio el detalle de los allegados de Morales que ingresaron a esa región. Dijo que tiene la lista de nueve bolivianos que ingresaron al territorio del vecino país.

“Respecto a las personas, si me permite citarlas: Felix Cárdenas Aguilar, Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, Isabel Ala Condori, Edgar Ramos Laura, Mario Mita Daza, Dionicio Núñez Tangaray (Tangara), Delina Chile Mamani, Francisco Alvarado Pinto y Evo Morales Ayma”, detalló García ante el Congreso peruano. Entre los mencionados figuran nombres de exautoridades del gobierno Morales.

Uno de los impedidos fue el exviceministro de la Coca Dionicio Núñez, que ingresó a Perú entre julio y noviembre de 2021, pero sólo declaró su ingreso entre el 6 y el 9 de diciembre de 2022, según el reporte del diario El Comercio. Núñez también fue diputado del MAS.

Además, figura el exviceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, que visitó el país incaico en julio y septiembre de 2021 y aún no se encuentra registrado en la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Afecta derechos de bolivianos

El viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Freddy Mamani, indicó que no comparte la decisión de Migraciones de la República del Perú, que vetó el ingreso a ese país de nueve ciudadanos bolivianos, entre ellos el expresidente Evo Morales.

Según Mamani, esa decisión “afecta derechos de los ciudadanos bolivianos” referidos, según una nota de la Cancillería.

Mamani evitó hacer comentarios sobre los hechos que fundamentaron la decisión de Migraciones de Perú, tomando en cuenta que es una instancia Estatal del Gobierno peruano y que la política exterior boliviana es de no injerencia en asuntos internos.

Congreso peruano retira condecoración a Morales

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú determinó ayer que se retire una condecoración que se entregó en 2007 a Evo Morales, debido a las declaraciones recientes del expresidente boliviano que son consideras injerencistas en asuntos internos peruanos.

La condecoración Medalla de Honor, en el grado de Gran Cruz, fue entregada a Morales por su contribución al fortalecimiento de la democracia, del Estado de derecho y de los lazos de amistad y cooperación entre Bolivia y Perú.

Según la propuesta considerada en la Comisión, Morales no ha honrado la distinción; por el contrario, viene haciendo declaraciones que constituyen incitaciones a la violencia entre peruanos.

“No se puede permitir y menos apoyar a políticos extranjeros que tengan injerencia e intromisión en nuestra política nacional, que vulneran nuestra independencia soberanía y dignidad”, dice el argumento.

La propuesta fue aprobada por 12 votos a favor y siete en contra. La Comisión peruana aprobó una moción que declara persona no grata a Morales, debido a los dichos del expresidente respecto al actual conflicto que vive ese país, tras la destitución de Pedro Castillo, como la oportunidad en que calificó de “insurrección” lo que ocurre en el país vecino.

Se trata de otras medidas que asume el Estado peruano contra Morales, después de que Migraciones determinó impedirle el ingreso.

Los Tiempos

El secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, aliado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, fue destituido de su cargo este domingo, tras la invasiones de bolsonaristas radicales a las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema.

«Determiné la destitución del secretario de Seguridad del Distrito Federal, al mismo tiempo que puse en las calles a todos los cuerpos de seguridad, con la determinación de detener y sancionar a los responsables», afirmó el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, en sus redes sociales.

Rocha también solicitó el apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el poder el pasado domingo, y colocó su gabinete a disposición de los poderes federales.

No obstante, Lula determinó por decreto una intervención federal en la capital brasileña que le retira las facultades a Rocha en todo lo concerniente a la seguridad pública y se las otorga al interventor designado, el viceministro de Justicia, Ricardo Capelli Torres acababa de asumir la Secretaría de Seguridad de Brasilia, tras ejercer como ministro de Justicia en los dos últimos años de mandato del Gobierno de Bolsonaro, que dejó el poder el pasado domingo, cuando Lula juró como nuevo jefe de Estado.

Sin embargo, una semana después de asumir como responsable del área de seguridad de Brasilia fue despedido de forma fulminante, ante el caos instalado en la capital brasileña, después de que miles de partidarios radicales de extrema derecha invadieran las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto -sede del Gobierno- y el Supremo.

Después de la destitución, la Abogacía General de la Unión (AGU) envió un oficio al magistrado de la Corte Suprema y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, en el que pide la prisión de Torres y de «todos los agentes públicos responsables por los actos y omisiones».

De igual manera, la AGU solicitó «la adopción de otras medidas cautelares que impidan la práctica de nuevos actos criminales».

Los simpatizantes actuaron ante la aparente connivencia de algunas patrullas de la Policía Militar de Brasilia, que, según videos divulgados por medios locales, se dedicaron a observar desde la distancia e incluso se tomaron fotos del momento con sus celulares.

«El desorden es inconcebible y la falta de respeto a las instituciones es inaceptable. He determinado que todos los miembros de la Policía Militar y de la Civil actúen con firmeza para que se restablezca el orden con la máxima urgencia. El vandalismo se combatirá con el rigor de la ley», manifestaba Torres, mientras ocurrían los graves disturbios.

Torres es un fiel escudero de Bolsonaro y, según el diario O Estado de Sao Paulo, justo después de asumir la Secretaría de Seguridad de Brasilia viajó a Orlando, en Estados Unidos, donde se encuentra actualmente el expresidente brasileño.

En estos momentos, las fuerzas de seguridad trabajan para recuperar el control de la plaza de los Tres Poderes, donde están las sedes de la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema y que hoy fue tomada por ciertos de manifestantes golpistas vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña.

Algunos de esos radicales, que piden una «intervención» militar que devuelva al poder a Bolsonaro, han agredido a profesionales de los medios de comunicación y a agentes policiales que iban montados a caballo. 

EFE

Seis periodistas fueron arrestados en Sudán del Sur después de publicar un video en el que se veía al presidente Salva Kiir orinándose en una ceremonia oficial, informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que exige su liberación.

Los periodistas de la televisión pública fueron arrestados el martes por agentes del Servicio de Seguridad Nacional, precisó el CPJ (con sede en Nueva York) en un comunicado emitido el viernes por la noche.

Según la organización, que cita medios locales y otras fuentes cercanas al caso, los reporteros son objeto de una investigación tras la difusión de un video, viral en diciembre en las redes sociales, que muestra al jefe del Estado, de 71 años, orinándose encima en una ceremonia oficial.

Estos arrestos son «una tendencia de las fuerzas de seguridad a recurrir a la detención arbitraria cuando los funcionarios creen que la cobertura de los medios de comunicación es desfavorable», señaló el representante del CPJ para África subsahariana, Muthoko Mumo.

«Las autoridades deberían liberar de forma incondicional a los periodistas y asegurarse de que puedan trabajar sin ser intimidados o amenazados con ser detenidos», agregó.

El sindicato de periodistas de Sudán del Sur también pidió que se «ponga fin rápidamente» a las investigaciones sobre los seis periodistas, sospechosos de «haber tenido conocimiento de la difusión de una ‘secuencia precisa’ del video al público».

«Si ha habido falta profesional o infracción», las autoridades deben «tratarla de manera justa, transparente y conforme a la ley», continuó en un comunicado.

AFP

El sumo pontífice tachó de «preocupante» el «debilitamiento, en muchas partes del mundo, de la democracia»

El papa Francisco lamentó este lunes «las tensiones» y «violencias» en varios países del continente americano atenazados por crisis políticas, entre ellos Brasil, donde bolsonaristas invadieron el domingo sedes del poder.

«Pienso en las numerosas crisis políticas en diversos países del continente americano, con su carga de tensiones y formas de violencia que agudizan los conflictos sociales», declaró Francisco en un discurso ante el cuerpo diplomático.

«Pienso especialmente en lo que sucedió recientemente en Perú y en las últimas horas en Brasil», añadió.

El sumo pontífice tachó de «preocupante» el «debilitamiento, en muchas partes del mundo, de la democracia».

El domingo, miles de bolsonaristas traspasaron las barreras policiales y asaltaron en Brasilia el Congreso, el palacio presidencial y la corte suprema, destrozando ventanas y vandalizando oficinas.

Las autoridades brasileñas iniciaron rápidamente sus investigaciones, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el cargo el 1 de enero, prometió que «los golpistas» serán «castigados».

AFP

«Apoyo total al presidente Lula da Silva, democráticamente elegido por millones de brasileños tras unas elecciones justas y libres», escribió Charles Michel en su cuenta de Twitter

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, expresó este domingo su «condena absoluta» del asalto por parte de centenares de simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (ultraderecha) del Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial de Planalto en Brasilia.

«Apoyo total al presidente Lula da Silva, democráticamente elegido por millones de brasileños tras unas elecciones justas y libres», aseguró en Twitter Michel.

AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha firmado un decreto para que el Gobierno federal asuma las competencias de seguridad en el distrito federal de Brasilia, después del asalto de «vándalos» y «fascistas» contra las principales instituciones políticas y judiciales del país.

Desde el estado de Sao Paulo, adonde Lula había viajado para supervisar los estragos causados por las inundaciones, el mandatario ha condenado la violencia de las últimas horas, que «no tiene precedentes», en una primera comparecencia pública.

«Nunca se ha hecho en la historia de este país», se ha lamentado durante un discurso en el que ha recordado sus propias derrotas electorales y la posición histórica de la izquierda. La democracia, ha añadido, garantiza la libertad de expresión, «pero también exige el respeto de las instituciones».

«Todos los vándalos serán encontrados y castigados», ha dicho el mandatario, antes de leer de viva voz los detalles de un decreto que implica la intervención sobre las competencias que teóricamente le competen a Brasilia, cuya labor había sido puesta en duda por el oficialismo tras el caos vivido en las calles de la capital.

Lula ha designado un nuevo responsable de la seguridad en la zona –Ricardo García Cappelli, en sustitución de un aliado de Jair Bolsonaro–, dentro de una batería de medidas que, en principio, estarán en vigor hasta el 31 de enero.

LA RESPONSABILIDAD DE BOLSONARO

«Aprovecharon el silencio del domingo, cuando todavía estamos formando gobierno, para hacer lo que hicieron», ha dicho Lula, ha prometido perseguir tanto a los participantes directos como quienes han promovido el «gesto antidemocrático» de las últimas horas.

En este sentido, ha recordado que hay «varios discursos» de su predecesor, Jair Bolsonaro, en los que «alienta» la toma de los distintos poderes. «Esta también es su responsabilidad y la de los partidos que lo apoyaron», ha sentenciado.

EUROPA PRESS

Cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro ha superado las barreras policiales y ha invadido la sede del Congreso brasileño, palacio presidencial, el Palacio de Planalto, y a la sede del Tribunal Supremo Federal en Brasilia en el marco de una manifestación contra el nuevo presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los participantes en la protesta han superado las barrearas policiales y arrancado alambradas a pesar de que la Policía ha empleado gas pimienta y otros medios antidisturbios. Los manifestantes tienen el objetivo declarado de derrocar a Lula y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Los manifestantes se habían concentrado este domingo frente al Cuartel General del Ejército, en el centro administrativo de Brasilia, y han marchado hasta la Explanada de los Ministerios, donde decemas de participantes se han encaramado al edificio sede del Congreso.

Más tarde se han dirigido a la sede presidencial y a la del Supremo, donde han invadido el plenario del tribunal. La llegada de efectivos de la Policía Militar ha sido aplaudida por los manifestantes.

ACAMPADAS POR EL GOLPE DE ESTADO
Los simpatizantes de Bolsonaro han acampado frente a diferentes cuarteles de las Fuerzas Armadas brasileñas para exigir un golpe de Estado para «salvar Brasil» y deponer a Lula, vencedor de las elecciones de octubre de 2022.

Las fuerzas de seguridad no han disuelto estas concentraciones tampoco frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, punto de partida de la manifestación que ha terminado con la toma del Congreso. Las acampadas comenzaron tras confirmarse la derrota electoral de Jair Bolsonaro frente a Lula.

REACCIONES POLÍTICAS
Tras estos incidentes, Fávio Dino, el ministro de Justicia y Seguridad Pública del nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ha advertido de que los intentos «absurdos» de imponer por la fuerza un intento de golpe de Estado «no se impondrán» en respuesta a la toma por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro de la sede del Congreso en Brasilia.

«Ese absurdo intento de imponer su voluntad por la fuerza no se impondrá. El Gobierno del Distrito Federal afirma que habrá refuerzos y las fuerzas de que disponemos están trabajando. Estoy en la sede del Ministerio de Justicia», ha afirmado Dino, según recoge el diario ‘Folha de Sao Paulo’.

También el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, ha criticado las acciones de los manifestantes y ha advertido de que «deben sufrir con urgencia el rigor de la ley».

«He hablado hace poco por teléfono con el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, con quien mantengo un contacto permanente. El gobernador me ha informado de que está concentrando los esfuerzos de todo el aparato policial para controlar la situación», ha publicado Pacheco en redes sociales.

«En esta acción están participando las fuerzas de seguridad del Distrito Federal y la Policía Legislativa del Congreso. Condeno vehementemente esos actos antidemocráticos que deben sufrir el rigor de la ley con urgencia», ha añadido.

Mientras, el portavoz del bloque del Gobierno en el Congreso, Randolfe Rodrigues, ha abogado por la unión de los demócratas ante este ataque de «terroristas». «Los antidemócratas criminales no pueden andar libremente. No hay que tolerar a los intolerantes. Esperamos la dura aplicación de la ley a todos los implicados en esas acciones», ha indicado.

EFE

Las autoridades peruanas reportaron este viernes más de cincuenta puntos “con tránsito interrumpido” en nueve regiones de Perú.

Al menos 12 personas resultaron heridas este viernes, entre ellas 4 policías, en los enfrentamientos de las protestas antigubernamentales que se dirigieron a las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, de la ciudad de Juliaca, en la sureña región de Puno (fronteriza con Bolivia).

La Defensoría del Pueblo informó, a través de su cuenta en Twitter, que acudieron al hospital Carlos Monge Medrano en Julicaca, y verificaron “la existencia de 8 personas civiles y 4 policías heridos”, tras los enfrentamientos en el aeropuerto, que cerró sus operaciones debido a los disturbios.

“Gestionamos las acciones necesarias para la ayuda humanitaria correspondiente”, agregó la Defensoría.

Por su parte, el hospital Carlos Monge Medrano reportó, mediante su cuenta en Facebook, el estado de nueve heridos, quienes ingresaron a su servicio de emergencias desde las 15.06 horas de este viernes (20.06 GMT).

Así, el centro de salud detalló que cuatro civiles ingresaron “baleados”, otros dos con heridas en la cara, mientras que los policías tienen lesiones en el ojo, en la mano y pie, y en la cabeza.

“Los heridos vienen siendo atendidos oportunamente por los profesionales de la salud, los mismos fueron trasladados por la ambulancia SAMU”, indicó el hospital y también hizo un llamado a los manifestantes para que permitan el libre tránsito de las ambulancias.

Horas antes, la empresa Aeropuertos Andinos de Perú publicó un comunicado en el que anunció que el “aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca ha suspendido sus operaciones desde hoy, 6 de enero en la tarde, ante los actos de violencia suscitados y la falta de seguridad en sus inmediaciones que ponen en riesgo la seguridad de nuestro equipo y pasajeros”.

A continuación, agregaron que están “realizando coordinaciones pertinentes con las aerolíneas y la comunidad aeroportuaria para retomar en el corto plazo “las operaciones, siempre “y cuando existan las condiciones que garanticen la seguridad”.

Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente, entre otras demandas.

Las manifestaciones se cobraron la vida de 28 civiles en apenas 20 días de protestas en diciembre pasado, antes de que comenzara una tregua navideña.

A lo largo de diciembre, los manifestantes trataron de tomar varios aeropuertos, entre ellos el de Juliaca, lo que derivó en el cierre durante varios días de algunos de ellos.

Este miércoles comenzaron de nuevo las protestas, si bien de forma mucho más tímida y esencialmente concentradas en el departamento de Puno (fronterizo con Bolivia), del que Juliaca es la ciudad más poblada, así como en su vecino Cuzco.

Según imágenes difundidas en redes sociales y por varios medios locales reportaron que los manifestantes trataron de entrar al aeropuerto, en cuyo ingreso quemaron un vehículo policial.

Los manifestantes fueron repelidos por las fuerzas del orden y continuaron su protesta en zonas aledañas.

Las autoridades peruanas reportaron este viernes más de cincuenta puntos “con tránsito interrumpido” en nueve regiones del país, en el tercer día de protestas.

Según la última actualización de un mapa interactivo divulgado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas (Sutran), las manifestaciones ciudadanas en Perú afectan a un total de 53 puntos en 13 vías nacionales.

La mayoría de bloqueos se presentan en Puno, aunque el tránsito también se encuentra interrumpido en las regiones vecinas de Cuzco y Madre de Dios.

EFE