El diputado de UD, Amilcar Barral, miembro de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó los hechos violentos de Senkata-Sacaba, calificó de «parcial» y «totalmente sesgado» el informe por mayoría presentado por su colega del Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, debido a que, según dijo, presenta muchas irregularidades y solo recoge las versiones de afines a ese partido y excluye a otros afectados durante esas manifestaciones.
Barral lamentó que el informe por minoría que él presentó haya quedado excluido del informe final por aprobación de la mayoría de diputados del MAS, que incluso se opuso a que él exponga su reporte. Finalmente le otorgaron 10 minutos mientras que Borda expuso por más de dos horas.
«Somos nueve en la Comisión Mixta: siete del MAS y dos de oposición, hemos viajado por ejemplo a Montero (en Santa Cruz) y nos llevamos la sorpresa de que uno de los miembros de la Comisión, el diputado Juan Cala Ortega, había sido papá de una las personas que está detenida en la cárcel de Montero por el asesinato de las dos primeras personas, en el puente de la Amistad, entonces es juez y parte», señaló el legislador en entrevista con Hora 23 de Bolivisión.
Refirió que en ese viaje se reunieron con familiares de los detenidos y después fueron al barrio Cofadena, que está ocupado por simpatizantes del MAS, sin embargo «no nos hicieron reunir con los familiares de los dos primeros muertos» de Montero.
Barral dijo que la irregularidad principal es que la Comisión se conformó para investigar los hechos ocurridos desde el 21 de octubre de 2019, un día después de las elecciones, pero el resultado que presentó el jueves el MAS, con su mayoría, fue sobre los hechos ocurridos desde el 12 de noviembre, fecha en que Jeanine Añez asume la presidencia transitoria del Estado, para así liberó de responsabilidad al gobierno de Evo Morales, acusado por los actos violentos de la etapa postelectoral.
A esto se suma, agregó, que con argumentos inverosímiles la mayoría masista evitó las declaraciones de autoridades del MAS como el exministro de Gobierno, Carlos Romero, de quien se dijo que no se lo pudo ubicar, cuando guarda detención domiciliaria. Lo mismo ocurrió con el excomandante William Kaliman Romero, pero «los más increíble fue el pretexto de la Comisión para evitar la declaración de Evo Morales; dijo que no se lo pudo notificar para enviar las preguntas vía currier».
«Ha habido varias irregularidades, al extremo de que (la mayoría masista de la Comisión) se ha basado en el informe de la Defensora del Pueblo (cuestionada por su afinidad al MAS) y no ha sido una declaración más plural», demandó Barral.
El senador del MAS, Efraín Chambi, dijo al respecto que, con esa postura, el diputado Barral trata de mostrar que «no va a colaborar con el esclarecimiento de los hechos de octubre y noviembre de 2019» que deben ser investigados.
Indicó que no se trata de contarle al país el procedimiento de la investigación ni a quiénes se encontró o no para las entrevistas, «ese no es el tema de fondo, sino que ha habido más de 35 muertos y decenas de heridos, y por respeto a las familias de los difuntos y los heridos deben ser investigados estos hechos».
Barral remarcó que debería haber una investigación imparcial y no mostrar que hay muertos de primera y de segunda.
«No se ha hablado nada de los primeros muertos en octubre, no se ha hablado nada del policía linchado en la ciudad de El Alto, no se dice nada de que la mayoría de los muertos en Sacaba tenían balas calibre 22, que no ha manejado el Ejército ni la Policía, tampoco hablan que las tanquetas que estaban en Senkata tenían impactos de balas de armas de fuego», señaló el diputado.
Remarcó que si hay responsables «que no sean solo de un partido o de un gobierno».
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