El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), juez Nancy Hernández, suscribieron este miércoles un Acuerdo de Cooperación que apunta a fortalecer la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, en el marco de una justicia más equitativa y accesible.
“La firma de este convenio busca consolidar la protección de los derechos humanos en América, y mejorar la administración de justicia, garantizando que los principios de equidad y transparencia prevalezcan en cada proceso”, explicó Mariaca.
La alianza contempla la realización de actividades conjuntas, como seminarios, congresos, simposios y foros bilaterales o multilaterales, además del desarrollo de investigaciones académicas y científicas de interés común.
Mariaca reafirmó el compromiso del Ministerio Público con una justicia moderna, accesible y eficaz, capaz de responder a los desafíos sociales actuales.
“La defensa de los derechos humanos es un compromiso que asumimos con firmeza y determinación”, remarcó.
Por su parte, la jueza Hernández destacó que la capacitación y la cooperación técnica académica son fundamentales para fortalecer el derecho y asegurar que la dignidad humana esté siempre en el centro de la justicia.
“Creemos que la capacitación y la cooperación técnica académica nos fortalece a todos. Estos desafíos comunes exigen que el derecho avance, guiado siempre por la dignidad humana”, remarcó.
Mientras el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, también firmó un acuerdo con la CIDH, para impulsar la capacitación continua de los servidores judiciales, a través de la Escuela de Jueces del Estado.
“Proteger la democracia e institucionalidad implica garantizar los derechos humanos. Este fortalecimiento interinstitucional y el intercambio de conocimientos marcarán un hito en este año en el que Bolivia celebra sus 200 años de independencia”, afirmó Saucedo.
Ambas instituciones manifestaron su voluntad de coordinar esfuerzos para profundizar el conocimiento del derecho internacional y difundir los instrumentos destinados a la promoción y defensa de los derechos fundamentales, con el fin último de mejorar la administración de justicia en Bolivia.
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