Por separado, los embajadores de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en las Naciones Unidas (ONU) condenaron la irrupción policial a la Embajada de México en Ecuador.
Por un lado, el embajador de Bolivia en la OEA, Héctor Arce, en su intervención ante el Concejo Permanente de ese organismo, afirmó que el país condena «en los términos más enérgicos y enfáticos», lo sucedido en Quito el pasado fin de semana.
«El presidente constitucional del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, y el Ministerio de Relaciones Exteriores han manifestado oficialmente su condena en los términos más enérgicos y enfáticos a la fragante violación del artículo 20 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, por el allanamiento armado perpetrado por la Policía de Ecuador a la embajada de México en la ciudad de Quito, vulnerando la inviolabilidad de la sede diplomática y reduciendo por la fuerza a funcionarios diplomáticos acreditados en esta misión», dijo, según reporte de La Razón.
Arce indicó también que Bolivia deja constancia que Ecuador, por «confesión propia», adujo «situaciones y normas de su derecho internas como justificativo del incumplimiento de una obligación internacional».
Por su parte, el embajador boliviano en la ONU, Diego Pary, anticipó que el Estado Plurinacional estará «participando y acompañando» las iniciativas de México para poner en mesa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Internacional de Justicia la irrupción de la Policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito.
«México ha anunciado que el tema (irrupción en embajada) se va a presentar a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, también en las Naciones Unidas una denuncia sobre el tema, y estaremos también participando y acompañando activamente estas iniciativas que va a encaminar México», explicó.
La madrugada del sábado fuerzas policiales entraron a las instalaciones de la embajada de México en Quito y detuvieron al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba con asilo político a la espera de un salvoconducto que le permitiera viajar a México.
Fue acusado por presunta malversación de fondos en el caso ‘Reconstrucción’ de la provincia de Manabí, luego del terremoto de 2016, aunque en todo momento negó las sindicaciones.
A tono con la condena del presidente Luis Arce, el embajador boliviano explicó que «más allá de la otorgación o no otorgación del asilo, la incursión de fuerzas armadas en una embajada está absolutamente en contra del derecho internacional».
«Es un pésimo precedente para las relaciones internacionales. Es la primera vez que una fuerza policial armada ingresa a una sede diplomática, y ningún país acepta que este tipo de situaciones se dé en países democráticos, en países donde se supone que las democracias están consolidadas», argumentó.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que denunciará a la administración de Daniel Noboa ante la Corte Internacional de Justicia (CPI) por violaciones al Derecho Internacional.
Ecuador aseguró que procedió después de agotar el diálogo con el Gobierno mexicano para arrestar al político, condenado por la Justicia de su país en casos de corrupción. Quitó también argumentó que existía «un riesgo real de fuga».
Pary informó que al radicar la demanda en la CIJ se debe esperar su determinación por la vulneración de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece en su artículo 22 numeral I que «los locales de la misión son inviolables» y que «los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión».
«Debemos reconocer que la Corte Internacional de Justicia de La Haya es una instancia jurisdiccional que toma decisiones, y establece sanciones para los Estados, en ese sentido hay que esperar que la Corte pueda procesar el tema y seguramente esta instancia tomará una definición», indicó.
«Recordar que en el caso España y Guatemala, cuando diferentes movimientos sociales habían ingresado a la embajada de España, la Corte Internacional de Justicia sancionó al Estado de Guatemala por vulnerar la Convención de 1961 porque el Estado guatemalteco tenía la obligación de proteger a esta misión diplomática», recordó.
Agencias
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