Una norma que busca prohibir los matrimonios y uniones libres entre menores de 18 años o con adultos está en debate en el Parlamento de Bolivia para proteger a niños y adolescentes de esta práctica que prevalece en el país y expone a esta población a vulneraciones como abusos sexuales, embarazos no deseados y trata.
La norma, propuesta por la senadora Virginia Velasco, del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), plantea modificar el Código de las Familias y del Proceso Familiar, o Ley 603, que avala los matrimonios a partir de los 16 años siempre que exista el consentimiento de quienes ejercen la «autoridad parental».
Velasco explicó a EFE que su proyecto se basa en las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) para que Bolivia eleve la edad mínima para el matrimonio sin excepciones.
También recordó que Naciones Unidas afirma que el matrimonio infantil «es una violación a los derechos humanos y que casarse a una edad temprana» expone a los menores «a mayores riesgos de violencia, abuso, embarazos forzados y abandono de estudios», lo que perpetúa «un ciclo de pobreza y desigualdad».
«Es importante aprobar este proyecto de ley porque hay familias que casan a sus hijos debido a la pobreza, pensando que tal vez van a tener una mejor calidad de vida, pero vemos que en realidad no es así. Por el contrario, nuestras adolescentes y niñas sufren mucha violencia, sufren feminicidios, violaciones», lamentó.
Así, el proyecto de Velasco plantea que «el matrimonio o la unión libre entre personas menores a la edad requerida es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia».
La propuesta pasó el filtro de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado, pero se trabó en el pleno de la Cámara Alta, en medio de polémicas declaraciones de algunos legisladores que la rechazaron.
Los detractores del proyecto justificaron que algunas familias casan a sus hijas menores con hombres mayores porque son pobres, que el matrimonio entre adolescentes es una supuesta conquista social, como lo son el trabajo a los 14 años, o el voto a los 16, e incluso una legisladora defendió que ella misma se casó siendo adolescente y le fue «bien».
«Moneda de cambio»
Un informe difundido en 2024 por la Defensoría del Pueblo reveló que desde 2014, el Estado boliviano registró 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años, y 4.804 enlaces de adolescentes de 16 a 17 años, todos con el consentimiento de los padres de las menores.
La Defensoría identificó estos casos como matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF), basándose en estándares y recomendaciones internacionales.
La especialista en derechos sexuales y reproductivos de la Coordinadora de la Mujer, Alejandra Franco, explicó a EFE que este asunto es una «problemática multicausal» que afecta y violenta los derechos fundamentales de las niñas y las adolescentes en el país, sobre todo en las zonas rurales.
«En Bolivia existen condiciones estructurales de desigualdad de género que han naturalizado prácticas nocivas, usos, costumbres que violentan los derechos humanos de las mujeres, las niñas, las adolescentes», situaciones que reflejan que persiste ese sentido de «propiedad sobre los cuerpos y las vidas» de éstas, lamentó.
Según Franco, son muy pocos los casos en que las víctimas de MUTIF son hombres menores de edad «porque se supone que tienen mayor valor», mientras que las niñas o adolescentes son reducidas «simplemente a una cuestión de carga o de moneda de cambio».
Ese intercambio que realizan las familias que alegan pobreza para justificarlo «tiene un precio muy alto que son las vidas de estas niñas y adolescentes».
Franco valoró el tratamiento de la norma y consideró que también es importante trabajar para «cambiar estas concepciones patriarcales, machistas, misóginas y adultocéntricas en las que se cree que la vida de las niñas y las adolescentes no cuenta».
Ante un inminente rechazo en el Senado, Velasco pidió aplazar el tratamiento de la norma y promoverá desde esta semana el trabajo en mesas técnicas para explicar a sus colegas los alcances de la ley, para asegurarse de que sea aprobada.
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