Según el presidente Luis Arce, “un plan de desestabilización” estaba en marcha para convulsionar al país a partir de la normativa ahora abrogada
El presidente Luis Arce anunció este martes la abrogación del polémico Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales, tras una reunión con dirigentes de las organizaciones sociales que respaldan su gestión gubernamental.
“En esta amplitud que nos ha caracterizado como gobierno nacional, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando, porque lo que menos queremos es que se utilice este tipo de herramientas para fines políticos personales”, dijo Arce.
En una declaración de prensa acompañado por el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia, Iván Lima, y dirigentes arcistas, el mandatario aseguró que este decreto sólo buscaba “garantizar la propiedad privada de los bolivianos”.
Es decir, “absolutamente todo lo contrario de lo que se vino difundiendo en diferentes medios de comunicación y redes sociales, donde se distorsionó el objetivo, se mintió al pueblo boliviano”, sostuvo.
El Decreto Supremo 5143 fue emitido el pasado 10 de abril y semanas después empezaron a surgir una serie de cuestionamientos en medio de versiones de que se estaría atentando contra la propiedad privada, principalmente, por la “intromisión” de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).
Incluso, algunas organizaciones sociales, como los gremiales, salieron a protestar a las calles y en una reunión realizada el lunes en Tarija dieron 72 horas al Gobierno para abrogar el cuestionado decreto, que ya estaba paralizado por recursos judiciales presentados en el Tribunal Constitucional y que pese a esa situación persistían los pedidos de su anulación.
El Decreto Supremo 5143 (que reglamentaba la Ley del 15 de noviembre de 1887, de Inscripción de Derechos Reales) estaba siendo “aprovechado con fines no solamente políticos, sino también hay un plan de desestabilización que está en marcha para convulsionar al país” a partir de esta normativa, afirmó Arce.
El Deber
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