En un contexto de alta tensión política y social, el alcalde de Tarija, Johnny Torres en dialogo con El GUADALUPANO Periódico Digital manifestó su disposición de ceder las instalaciones del Gobierno Municipal al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que continúe con sus labores, frente a los bloqueos que impiden el acceso a la ciudad de La Paz. La propuesta se enmarca en la necesidad de garantizar el cumplimiento del calendario electoral, pese a la presión ejercida por sectores afines al expresidente Evo Morales.
La declaración de Torres surge como respuesta directa a las protestas que paralizan varias rutas del occidente del país, impulsadas por seguidores del denominado “evismo”, quienes rechazan decisiones recientes del TSE. El burgomaestre consideró que esta situación no debe frenar el proceso democrático ni alterar la fecha prevista para las elecciones generales, fijada para el 17 de agosto.
Torres argumentó que su ofrecimiento busca preservar la institucionalidad del país, considerando que Tarija, como parte del territorio nacional, puede convertirse en sede provisional del Órgano Electoral si La Paz permanece bloqueada. “La democracia no puede ser rehén de intereses particulares ni de movilizaciones que buscan imponer una agenda por la fuerza”, señaló.
Además, el alcalde expresó su preocupación por los antecedentes históricos de presión social ejercida por los seguidores de Morales, quienes, según él, han recurrido en repetidas ocasiones a métodos de desestabilización para alcanzar sus objetivos políticos. “No podemos permitir que se repita el pasado donde se tumbaron gobiernos a través del caos”, advirtió.
En ese marco, Torres también criticó al Movimiento al Socialismo (MAS), asegurando que, tras casi dos décadas en el poder, no han demostrado capacidad para reactivar la economía ni afrontar los desafíos estructurales que enfrenta Bolivia. “Si en 19 años no ofrecieron soluciones reales, no hay razón para creer que lo harán ahora”, enfatizó.
La situación boliviana ha comenzado a generar preocupación en el ámbito internacional. En Argentina y Brasil, informes recientes alertan sobre el deterioro institucional en Bolivia, con advertencias sobre un posible colapso del orden democrático si persiste el debilitamiento del Estado y el crecimiento del crimen organizado.
El analista político argentino Sergio Berensztein escribió recientemente en el diario La Nación que, según expertos en seguridad regional, Bolivia corre el riesgo de convertirse en una suerte de “nueva Afganistán” en Sudamérica, por su creciente rol como refugio del narcotráfico y su vinculación con redes criminales transnacionales. Este fenómeno, afirmó, representa una amenaza no solo interna, sino también para los países vecinos.
En este escenario complejo, la propuesta del alcalde Torres cobra relevancia como una medida de contingencia para evitar el estancamiento institucional. Mientras los conflictos internos escalan, se abre el debate sobre la viabilidad de trasladar temporalmente las funciones del TSE a otras regiones del país que ofrezcan estabilidad operativa y garantías de seguridad.
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