El debate sobre la posible aplicación de un estado de excepción en Bolivia continúa generando cuestionamientos jurídicos y políticos en medio de la crisis social que atraviesa el país. Diversos sectores advierten riesgos legales ante la ausencia de una norma específica que regule esta figura constitucional tras la reciente abrogación de la denominada “Ley Copa”, situación que podría derivar en conflictos judiciales para el Gobierno nacional.
En contacto con El Guadalupano Periódico Digital, el abogado autonomista Esteban Ortuño afirmó que la Constitución Política del Estado es clara al establecer que el estado de excepción debe estar regulado mediante una ley y no únicamente a través de un decreto supremo. Según explicó, el decreto presidencial puede declarar o activar esta medida extraordinaria, pero no tiene la facultad de regularla en profundidad, ya que esa atribución corresponde exclusivamente a una norma con rango de ley aprobada por el Legislativo.
Ortuño sostuvo que la propia Constitución establece procedimientos específicos para la aplicación de un estado de excepción, incluyendo la obligación de que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna dentro de las 72 horas posteriores a la emisión del decreto para evaluar su continuidad o suspensión. A criterio del jurista, esto demuestra que el mecanismo constitucional requiere necesariamente respaldo legislativo y no puede sostenerse únicamente sobre decisiones administrativas del Órgano Ejecutivo.
El abogado también cuestionó la decisión de abrogar completamente la Ley 1341, conocida popularmente como “Ley Copa”, señalando que el Gobierno nacional debió optar por modificar aquellos artículos que consideraba restrictivos en lugar de eliminar toda la norma. Explicó que, aunque la ley limitaba ciertas acciones de las fuerzas de seguridad durante un estado de excepción, seguía cumpliendo el mandato constitucional de regular jurídicamente esta figura especial.
Asimismo, advirtió que la ausencia de una ley específica deja al Gobierno expuesto a múltiples procesos y observaciones judiciales si decide aplicar medidas excepcionales sin el respaldo normativo correspondiente. Según manifestó, cualquier actuación bajo un estado de excepción podría ser cuestionada por carecer de la base legal que exige expresamente la Constitución Política del Estado, generando inseguridad jurídica y posibles demandas contra las autoridades responsables.
Finalmente, Ortuño aseguró que resulta difícil creer que las autoridades nacionales no hayan advertido este escenario legal, considerando que la interpretación constitucional sobre el tema es explícita y de fácil comprensión. En ese sentido, insistió en que el Ejecutivo aún tiene la posibilidad de impulsar una nueva norma o modificar la legislación vigente para evitar futuras controversias jurídicas y garantizar que cualquier medida extraordinaria se aplique dentro del marco constitucional establecido en Bolivia.
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