Cuando faltan pocos días para el cambio de mando en el país, el MAS y el Gobierno de transición se amenazan y se retan a afrontar los procesos pendientes en contra de ambos bandos. Mientras que el electo Luis Arce afirma que no habrá revanchas y que garantizará el retorno de los bolivianos que salieron del país por los conflictos poselectorales de 2019, el MAS insiste en el arraigo de las actuales autoridades.
Éstas aseguran no tener motivos para irse y advierten que las exautoridades del MAS que retornen tendrán que enfrentar a la ley.
“Nosotros no venimos con un tono de revanchismo, sino con el ánimo de un reencuentro para darnos la mano. Eso han manifestado nuestros hermanos electos Luis Arce y David Choquehuanca. Hay errores que se han cometido y hemos aprendido”, señaló el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Henry Cabrera.
Pese a ello, dentro del partido azul en el Legislativo hay otras posiciones que insisten en la Ley de Arraigo, promulgada en la ALP. La norma establece la permanencia obligatoria, dentro del territorio nacional, de las autoridades ejecutivas y legislativas de los tres niveles del Estado, una vez que concluyan su mandato y por el lapso de tres meses, para dar informes.
“Aquella autoridad que no cumpla la ley y que ayude, coadyuve, a que cualquier autoridad fugue del país es responsable también penalmente y se le podrá iniciar procesos judiciales”, dijo el diputado del MAS Víctor Borda.
Mediante su cuenta en Twitter, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, lanzó una alerta por esa y otras amenazas a las que calificó como “abuso de poder”. “Todos quedan bajo sospecha y se viola el debido proceso. No se puede seguir usando a la justicia políticamente, como pasó en los gobiernos de Evo Morales y de Jeanine Añez”, publicó.
Los procesos pendientes
Durante el último año, al menos 16 procesos judiciales que involucran a las autoridades de éste y el anterior gobierno fueron instaurados ante la justicia.
De ellos, ocho en total, fueron interpuestos en contra del expresidente Evo Morales y sus allegados. Estos son: el caso Fraude Electoral II; dos demandas por estupro; tres por sedición, terrorismo, financiamiento de terrorismo, alzamiento armado y genocidio; uno por la matanza del Hotel Las Américas y otro por usurpación de funciones.
Los otros ocho son casos de corrupción en los que está implicados el gobierno de Jeanine Añez, como el caso Respiradores I y II, caso YPFB I, II y III, caso Entel, caso Gases Lacrimógenos y el de la masacre en Senkata y Sacaba.
Muchos no presentan avances y ahora el seguimiento estará a cargo del nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa. El Órgano Legislativo formó comisiones mixtas para investigar los hechos que recaen en la transición.
Consultado sobre qué pasará con estas demandas, Arce señaló que los implicados deben asumir su defensa. Sostuvo que ya no puede haber una judicialización de la política que cause persecución.
“Entiendo que los casos están en el Poder Judicial y ahí tienen que resolverse. El compañero Evo tendrá que asumir su defensa con sus abogados y ante la instancia que corresponde. Yo también tengo cuatro o cinco procesos y los encaro de esa manera”, manifestó el ahora presidente electo en una entrevista con Gigavisión.
Aunque afirmó que no puede haber una intromisión de poderes, anunció que en los casos contra el gobierno de Añez que no avancen se dará un impulso para evitar la retardación de justicia.
Después de brindar su informe por los hechos de Senkata ante la ALP, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, la única autoridad que respondió a la convocatoria, señaló que “el que nada debe, nada teme”. Dijo que espera que las investigaciones sean transparentes.
“En la recta final de mi gestión me presenté bajo el principio de la transparencia para despejar cualquier duda, tal como tiene que ser, porque no hay nada que ocultar… Tengo la conciencia tranquila y las manos limpias”, indicó.
Sobre los procesos, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que si viera solo su situación personal hubiera aprovechado los días que fue censurado y cesado de su cargo para salir del país.
“Pero he preferido acompañar a la Presidenta y estar acá. No hay por qué temer, los que tienen cosas que ocultar, apenas suenan las campanas huyen del país o se refugian en embajadas. Creemos que hemos hecho lo mejor que hemos podido y entiendo a los narcotraficantes que se molestan por mi trabajo”, manifestó la autoridad.
Sostuvo que el problema es la justicia que inmediatamente cambia el color del gobierno se pone a su servicio.
Hace casi un año que los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Javier Zavaleta, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz -además del exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agetic Nicolás Laguna- se encuentran acogidos en la residencia de la Embajada de México.
Todos solicitaron al Gobierno transitorio un salvoconducto para abandonar el país. Sin embargo, estos recursos no fueron canalizados debido a que los solicitantes son parte de los investigados por las jornadas violentas desatadas tras las elecciones fallidas de 2019.
“Nosotros les vamos a dar el salvoconducto como lo han pedido y en aplicación de la normativa internacional. Ellos definirán qué hacer”, declaró Arce a EFE. Sostuvo que al negar estos permisos la actual canciller cometió una ilegalidad “por un tema ideológico”.
Tras conocerse los resultados de las elecciones 2020, la canciller Karen Longaric señaló que la entrega o no de los salvoconductos depende ahora del nuevo gobierno.
La negativa del documento no fue para todas las autoridades que se encontraban en la residencia mexicana. A fines de enero la Cancillería entregó dos salvoconductos para el exministro de Minería César Navarro y el exviceministro de Desarrollo Rural Agropecuario Pedro Damián Dorado López. Ambos salieron rumbo al país azteca, donde solicitaron asilo.
Los que se fueron
Salidas Tras su renuncia a la presidencia, Evo Morales dejó el país. Primero estuvo albergado en México y luego en Argentina. Junto a el salieron el exvicepresidente Álvaro García Linera y la exministra de Salud Gabriela Montaño. Sus hijos lo alcanzaron en Argentina.
Renuncias Durante los conflictos poselectorales, al menos 40 autoridades ejecutivas y legislativas de diferentes niveles del Estado renunciaron. Algunos ministros se refugiaron en las embajadas de Argentina y México, en esta última aún permanecen siete.
De vuelta Después del triunfo del MAS en las elecciones, el último ministro de Comunicación de Evo Morales Manuel Canelas reapareció mediante un artículo de opinión y un tuit luego de un año de inactividad en su cuenta. Tras los conflictos se fue a España.
Pagina Siete
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