En tres años el proceso iniciado por las víctimas de la masacre en ese sector no avanzó, continúa en etapa investigativa. De las 42 recomendaciones que hizo el GIEI, sólo se cumplió una.
Transcurridos tres años de la masacre de Senkata, en El Alto, las familias de las víctimas mortales, heridos, los detenidos y torturados denuncian que hasta hoy no hay justicia. Señalan que el Gobierno no cumplió con las recomendaciones dadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que manipuló lo ocurrido a su conveniencia.
Para las víctimas, la sentencia dictada contra Jeanine Añez sólo benefició al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y a los legisladores Adriana Salvatierra y Víctor Borda.
“Son tres años de impunidad, para nosotros no hay justicia. El Gobierno nunca vino a vernos, en vano dicen que han recuperado la democracia. Hay una sentencia, pero no es por las muertes, es solo para el expresidente y su gente”, señaló la madre de una de las víctimas de la masacre de 2019. Tres años después aún no sabe qué pasó exactamente con su hijo, quién le disparó o bajo qué circunstancias.
Tres años de investigación
El 19 de noviembre de 2019, el gobierno de transición intervino los bloqueos en Senkata, que desde la renuncia de Evo Morales rodeaban la planta de YPFB. El Gobierno autorizó una operación militar que evacuó un convoy de cisternas, con un saldo de 10 personas muertas y decenas de heridos.
Hasta la fecha se han emitido al menos nueve informes sobre lo ocurrido en Senkata. Fueron realizados por distintas instituciones ligadas a los derechos humanos e instancias gubernamentales, como la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Defensoría del Pueblo, Clínica de Harvard, Fuerzas Armadas de Bolivia, ITEI y el IDIF.
Todos recogen cientos de testimonios, pero ninguno logró reconstruir con precisión lo que ocurrió con las 10 víctimas ese día. Al haber un caso abierto en la justicia boliviana, es el Ministerio Público el que debió esclarecer lo sucedido, en el marco de la etapa investigativa. Pero hasta la fecha no hay respuestas.
“Son tres años que el proceso por la masacre de Senkata continúa en etapa de investigación. Ni siquiera se ha llegado a la etapa de acusación formal para ir al juicio oral. Hay militares y policías detenidos, pero sólo de forma cautelar”, dijo el representante de las víctimas de Senkata y activista de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David Inca.
Este proceso es el único que fue presentado por los familiares de las víctimas, en su calidad de afectados, en contra de Añez y los ministros que firmaron el decreto 4078, que propició las masacres de Senkata y Sacaba (Cochabamba). A diferencia del caso abierto por el Gobierno, éste quedó estancado. El único avance que tuvo fue durante la estadía del GIEI en Bolivia, cuando se llamó a los denunciantes y testigos a declarar.
“También hay un juicio de responsabilidades que ha quedado en suspenso en la ALP. Es decir, ni el juicio de responsabilidades ni el ordinario están avanzando. El Presidente habla de que se hizo justicia, pero hay una impunidad de tres años”, manifestó.
La búsqueda de justicia es una de las 42 recomendaciones que el GIEI hizo al Estado boliviano en su informe sobre los hechos violentos ocurridos en Bolivia, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Para ello pidió el esclarecimiento de las ejecuciones, la identificación de los responsables y su sanción.
Tanto el Alto Comisionado como la CIDH y el GIEI Bolivia funcionan como mecanismo de seguimiento. En este mes, una comisión arribará al país para verificar los avances de los compromisos en derechos humanos y se espera que se toque la situación de las víctimas.
“En Todos Santos hemos hecho una mesa. Son tres años y toca despachar a nuestras almas, pero las hemos despedido sin que se haga justicia”, lamentó un familiar.
Casos Golpe I y II no contemplan a las víctimas de Senkata
Aunque el discurso estatal señala que la sentencia del caso Golpe II -contra la expresidenta Jeanine Añez- es parte de la justicia para las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y Huayllani, lo cierto es que no están incluidos entre las víctimas del caso. Tampoco lo están en el caso Golpe I.
El lapso de tiempo investigado en el caso Golpe II es del 10 al 12 de noviembre de 2019. Es decir, desde el día de la renuncia de Morales hasta el día en que Añez asumió la dirección del país en su lugar.
El proceso fue iniciado e impulsado por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y la Procuraduría y data de 2021. Los delitos contemplados son: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. No figuran asesinato o lesiones graves.
Es por este caso, el 10 de junio de 2022, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz sentenció a Añez a 10 años de prisión, por voto unánime de sus integrantes. Junto a ella fueron sentenciados el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y el excomandante de la Policía Vladimir Yuri Calderón, ambos prófugos. Además fueron sentenciados otros cuatro jefes militares.
De acuerdo a la sentencia, las víctimas son sólo cuatro: Evo Morales, Álvaro García, Adriana Salvatierra y Víctor Borda.
Para impulsar el proceso se creó un “comité impulsor” político, que a nombre de las víctimas de Senkata y Sacaba realizaron actos de protesta. Pero no todas las víctimas estaban de acuerdo porque, como denunciaron en varias oportunidades, estaban usando las muertes de sus seres queridos como bandera política.
En el caso Golpe I, el periodo investigado es desde el día de las elecciones, el 20 de octubre, hasta el 10 de noviembre, día de la renuncia de Morales. Las víctimas son las mismas que en caso Golpe II y los delitos son: sedición, conspiración y terrorismo. Tras la sentencia de junio se conformó otro comité impulsor para este caso.
La reparación integral
Otra de las recomendaciones del GIEI es la reparación integral. Los decretos supremos 4100 y 4176 de “otorgación de ayuda social humanitaria a los heridos y familiares de los fallecidos, producto de los conflictos suscitados entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019” establecen cuatro tipos de ayuda: económica, alimenticia, educativa y laboral. Algunas ya fueron entregadas, otras aún están en espera, al igual que el principal punto de la reparación: el esclarecimiento de los casos.
Hasta la fecha se estima que entre el 75% y 90% de las disposiciones se cumplieron para las víctimas de Senkata. En el caso de Sacaba, el cumplimiento llegó alrededor de un 30%.
Parte de la ayuda fue entregada durante la gestión del gobierno transitorio. Hasta 10 días antes del cambio de mando, las familias de 19 de los 37 fallecidos que hubo en el país recibieron 100 mil bolivianos, cada una, ya sea de forma completa o fraccionada. De esas ayudas, 16 correspondían a las víctimas de La Paz y El Alto (incluyendo el caso del activista Julio Llanos que murió como consecuencia de una agresión por parte de afines a Evo Morales), dos a las de Montero en Santa Cruz y una a un afectado de Cochabamba.
Los heridos son quienes más dificultades tuvieron para acceder a la reparación. Por ejemplo, para la devolución de los gastos médicos o las nuevas atenciones se requiere de una serie de documentos, como facturas, informes médicos, comprobantes, etc.
En el caso de los detenidos y torturados, que fueron reconocidos como víctimas por el informe del GIEI, el problema se agranda. A ellos se requieren de exámenes físicos y psicológicos que certifiquen el daño.
“Nos han dado una muerte civil, estamos muertos en vida”, afirma M. F., uno de los detenidos en Senkata. “Nos agarraron, nos torturaron y nos presentaron como terroristas. Eso ya no se borra, ¿quién responde por ese daño?”, preguntó.
Es una de las 24 personas que, entre un centenar de aprehendidos, fueron sobreseídas porque se comprobó que no estaban implicados en los bloqueos ni en los saqueos. Sólo estaban en el lugar y momento equivocado.
En los meses que estuvieron presos corrieron con grandes gastos para abogados, para pagar el alquiler de una cama dentro del penal, alimentación y hasta seguridad.
“Hay dos documentos que también se han quedado ahí, la Ley de Reparación Integral que estaba a cargo de la señora Betty Yañíquez y la Política Nacional de Reparación Integral del Ministerio de Justicia. Sabemos que ambos ya están terminados, pero no conocemos el contenido. Las recomendaciones dicen que estas normas deben ser coordinadas con las víctimas, pero sólo las hicieron entre los técnicos”, advirtió Inca.
Pagina Siete
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