Con un pronunciamiento firme, Rodrigo Castillo, residente del barrio San Marco en diálogo con El GUADALUPANO Periódico Digital solicitó al Gobierno nacional la implementación de medidas concretas para enfrentar la creciente dificultad económica que afecta a miles de familias en Bolivia. Entre sus principales planteamientos, destaca la propuesta de un bono único de 1.000 bolivianos para aliviar la carga financiera de los hogares más vulnerables.
Castillo señaló que esta iniciativa tiene un carácter de emergencia y pretende ser un respiro temporal en medio del encarecimiento de productos básicos y el deterioro del poder adquisitivo. “Es una propuesta para enfrentar esta coyuntura complicada, una forma de que el Estado devuelva un poco de tranquilidad a la población”, manifestó.
En otro punto de su intervención, el vecino informó sobre la remisión de una carta oficial dirigida al presidente del Estado, en la que se exige mayor control en las zonas fronterizas del país. La preocupación se centra en la circulación de productos de contrabando, que según denunció, están afectando seriamente a la producción y el comercio local.
“Pedimos saber si realmente los 1.480 efectivos que se anunciaron están haciendo presencia efectiva en las fronteras. El contrabando inverso está desangrando la economía”, cuestionó Castillo, al tiempo que pidió una fiscalización más transparente y eficiente.
Asimismo, propuso una política de austeridad para el aparato estatal, sugiriendo que se establezca un tope salarial de 15.000 bolivianos para funcionarios públicos. Según sus cálculos, una medida de este tipo permitiría al Estado un ahorro significativo en el gasto corriente, recursos que podrían redirigirse a programas sociales.
“La escala salarial debe ser revisada. No es justo que existan sueldos excesivos mientras la mayoría lucha por sobrevivir. Con un límite racional podríamos generar importantes ahorros fiscales”, afirmó.
Por otra parte, Castillo criticó duramente el funcionamiento del comité actual encargado de velar por la canasta familiar. A su juicio, dicho organismo no está cumpliendo con su rol de fiscalización y defensa del consumidor.
En reemplazo, propuso conformar un nuevo ente con representación institucional amplia, que incluya al Ministerio Público, la Policía Boliviana, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, juntas vecinales y organizaciones sociales. Este comité tendría como objetivo aplicar sanciones firmes a quienes manipulen precios o incurran en prácticas irregulares en la distribución de alimentos.
Concluyó señalando que las propuestas surgen desde la ciudadanía organizada y que es momento de escuchar las voces de quienes enfrentan la crisis en carne propia: “No pedimos milagros, pedimos voluntad política para cambiar las cosas desde la raíz”.
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