En 2009 Arce admitió la limitación legal: “Es cierto que en la Ley Financial no se contempla”, sin embargo, sugirió seguir elaborando proyectos mientras esperaban la aprobación de la nueva Ley Financiera de 2010.
Un acta interna del Fondo Indígena, fechada el 23 de noviembre de 2009, revela que Luis Arce, entonces ministro de Economía, reconoció que la Ley Financial no permitía realizar transferencias público-privadas a cuentas particulares, tal como exigían organizaciones del Pacto de Unidad afines al MAS. El documento —confirmado a EL DEBER por el ex fiscal anticorrupción Ánghelo Saravia— abre un nuevo flanco en la investigación que hoy tiene al expresidente aprehendido por el caso Fondo Indígena.
Según el acta de esa reunión de directorio, realizada en Tarija, cuando el Fondo recién había iniciado operaciones, surgieron dudas sobre si la normativa permitía depositar recursos estatales en cuentas de representantes sociales. El funcionario Ramiro Burgos preguntó expresamente si existía “respaldo legal para las transferencias público-privadas”.
La entonces miembro del Fondo, Sandra Paredes, respondió que esa figura no estaba permitida en 2009 y que el reglamento para ese tipo de operaciones aún estaba en elaboración. Añadió que la Ley Financial no contemplaba ninguna modalidad que permitiera enviar dinero del Estado a cuentas particulares.
En ese contexto, Arce tomó la palabra y admitió la limitación legal: “Es cierto que en la Ley Financial no se contempla”, dijo. Sin embargo, sugirió seguir elaborando proyectos mientras esperaban la aprobación de la nueva Ley Financiera de 2010, que —según él— permitiría entonces transferir recursos.
El documento que confirma irregularidades
El exfiscal Ánghelo Saravia, quien dirigió inicialmente la investigación del caso, confirmó a EL DEBER la autenticidad del acta. Señaló que formó parte del conjunto de indicios recolectados cuando él estaba a cargo del expediente.
Saravia sostuvo además que en esa misma acta se registró la aprobación de compras de bienes, pese a que el Fondo Indígena solo podía financiar proyectos productivos o agrícolas para comunidades campesinas, no así adquirir casas, vehículos u otros bienes para dirigentes del Pacto de Unidad.
El exfiscal —responsable de enviar a prisión a la exministra Nemesia Achacollo— recuerda que, tras avanzar en la investigación, fue procesado y encarcelado en 2016. Afirma que aquello ocurrió porque intentó ampliar la indagación contra Arce y otros miembros del directorio, y que el entonces fiscal departamental Paul Franco y el fiscal general Ramiro Guerrero se opusieron a procesarlos.
“Fui perseguido y encarcelado por investigar a todos los involucrados”, asegura.
Aprehensión de Arce y silencio ante la Fiscalía
En el marco del mismo caso, el fiscal Miguel Ángel Cardozo emitió una orden de aprehensión contra Arce, quien fue trasladado el martes a celdas de la Felcc en La Paz.
Según Cardozo, el exmandatario se acogió al silencio, pese a que se le expusieron los indicios que lo vinculan a la presunta autorización de transferencias irregulares a cuentas privadas de dirigentes sociales. La Fiscalía lo investiga por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, delitos que, según el fiscal, habrían causado un daño económico de Bs 925 millones.
¿Qué dice la norma?
Consultado por EL DEBER, el economista y docente universitario Germán Molina sostuvo que las operaciones de este tipo debían estar reguladas por una ley específica, distinta a la Ley Presupuestaria, que solo tiene vigencia anual. Explicó que los proyectos de inversión del Fondo Indígena eran de ejecución plurianual, por lo que difícilmente podían ampararse en la Ley Financial vigente en ese momento.
Molina remarcó que su análisis se limita al ámbito económico, evitando emitir criterios jurídicos. Aun así, señaló que los hechos descritos hacen presumir que no existía respaldo normativo para transferir dinero público a cuentas particulares ligadas a organizaciones sociales.
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