Una vez que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) remita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda 2024, en septiembre, la redistribución de escaños estará “en tres días”, pero, seguramente, la aprobación mediante ley tomará hasta fin de año por los problemas que generará la pérdida de escaños en algún departamento, afirmó el presidente del ente electoral, Oscar Hassenteufel.
“Una vez que tengamos esa información (datos de población del Censo) debemos cumplir dos tareas, la primera es estrictamente técnica, reasignación de escaños en aquellos casos que algún departamento gane alguna representación o que algún departamento pierda. No lo sabemos, el censo nos va a dar aquel dato”, explicó.
En ese potencial escenario, continuó Hassenteufel, el Órgano Electoral debe realizar una nueva redistribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente.
“Es un trabajo técnico, relativamente fácil y rápido. El Tribunal puede tener ese trabajo listo en dos o tres días, pero hemos dado un plazo hasta fin de año, porque entendemos que aquellos departamentos que puedan perder algún escaño, seguramente, van a tener reclamos de la gente, a nadie le gusta perder una diputación, y esa parte ya de negociación política le corresponde a la Asamblea Legislativa, porque, en definitiva, el trabajo que hagamos nosotros se tiene que aprobar por ley, entonces, esa parte de las compensaciones que se le puedan dar a un departamento ya lo va a tener que hacer la Asamblea Legislativa”, explicó.
El Censo Nacional de Población y Vivienda 2024 se realizó el 23 de marzo.
De acuerdo con la Ley 1492 de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral, el INE debe remitir al TSE los datos oficiales de población en septiembre “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Ese marco normativo fue empleado por primera vez en 2013, luego del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012.
La asignación de escaños sólo abarca a la Cámara de Diputados, que está integrada por 130 legisladores: 63 diputados uninominales, elegidas y elegidos por simple mayoría de sufragios válidos; 60 diputados plurinominales, elegidas y elegidos de las listas encabezadas por las candidaturas para presidenta o presidente del Estado, mediante el sistema proporcional.
A ellos se suman los siete legisladores de las circunscripciones especiales indígena Originario campesinos que corresponden a cada departamento donde habitan Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos minoritarios, que representan a la plurinacionalidad del Estado.
El parágrafo V del artículo 146 de la Constitución establece que la “distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la ley”.
“Por equidad, la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales”, apunta la norma.
En el proceso realizado en 2013, luego del Censo de Población y Vivienda de 2012, La Paz conservó sus 29 escaños en la Cámara Baja, al igual que Cochabamba que quedó con 19, Oruro con 9, Tarija con 9 y Pando con 5.
Mientras Santa Cruz incrementó su representación en 3 escaños, al pasar de 25 a 28 diputados, Potosí perdió uno, pasó de 14 a 13; Chuquisaca bajó de 11 a 10 y Beni de 9 a 8.
Luego de la asignación de los escaños, los técnicos del TSE realizarán la delimitación de las circunscripciones uninominales en los departamentos que corresponde un ajuste.
ABI
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