Se abre una controversia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la vocalía designada por el presidente Luis Arce. Dina Chuquimia aseveró este martes que seguirá fungiendo como vocal, en tanto no se le aclare legalmente su supuesta destitución, pero mientras tanto Gustavo Ávila ya se presentó en Sala Plena con el decreto de su nombramiento.
Este tema surge después de que la semana pasada, el presidente Luis Arce nombró a Gustavo Ávila como vocal, sin que Dina Chuquimia haya renunciado y sin que haya cumplido los seis años de mandato.
Dina Chuquimia ya mandó una carta al mandatario pidiendo explicaciones y espera una respuesta pronta, para que le aclare la figura por la cual pretende sustituirla como vocal, mientras tanto considera que sigue fungiendo en el cargo.
“Yo voy a seguir fungiendo como vocal en tanto no me den a conocer la nota, o no sé si habrá un memorando, una resolución de destitución de mi cargo”, dijo Chuquimia en el programa La Tarde en Directo de ERBOL.
Chuquimia, en su nota al presidente Arce, le advirtió que se está violando la Constitución al designar otro vocal, mientras ella sigue en su mandato de seis años, que comenzó en 2021.
Señaló que esta situación incluso puede conllevar a vicios de nulidad, más aún tomando en cuenta que este martes se despidió al personal que la acompañaba.
“Deben darme una explicación y bueno tendrán que asumir las los daños y costas del Estado, si es que han incurrido en alguna ilegalidad en mi ausencia”, agregó, a tiempo de señalar que está siguiendo las acciones legales respectivas.
Ávila fue a Sala Plena
En tanto, Gustavo Ávila se presentó este martes en Sala Plena del TSE y entregó el decreto presidencial de su designación, según reveló el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.
Según Tahuichi, en la Sala Plena se consideró una carta que envió Chuquimia para advertir de su situación, pero se determinó que ese tema corresponde a la autoridad que emana la designación, es decir el presidente del Estado.
Tahuichi reconoció que, de manera personal, no está de acuerdo con que se corte el mandato de un vocal, pero en este caso se “presume” la constitucionalidad del decreto emitido por Arce.
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