Después de sostener una reunión con el Gobierno, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) ratificó este jueves su rechazo a la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y ratificó el pedido de que pueda ser derogada.
«Hemos conversado y hemos traído la voz de otras cámaras pares para transmitirle al Gobierno que la posición es que la misma (disposición del PGE 2025) deba derogarse», afirmó el presidente de la CNI, Pablo Camacho.
La reunión se llevó adelante en el Ministerio de Justicia donde asistieron otras autoridades del Gobierno para socializar la ley que ingresó en vigencia desde el 1 de enero sin haber sido aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El artículo observado faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, si estas instituciones estatales consideran que hay un encarecimiento, retención o de estos productos.
Camacho aseguró que esa disposición genera «inseguridad» a todos los sectores productivos e insistió en la necesidad que deba ser eliminada del PGE. Otros sectores como el caso de los gremiales también expresaron su rechazo y comenzaron con movilizaciones.
En un comunicado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió al Gobierno que, de manera urgente, deba realizar los ajustes normativos que corresponda para dejar sin efecto la medida que ocasiona «incertidumbre y desconfianza» en las empresas y además genera conflictos sociales «innecesarios».
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