En medio de un clima de tensión nacional por los recientes hechos violentos en distintos puntos del país, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, se pronunció de manera firme sobre la necesidad de que el Estado actúe con equidad ante la ley. La autoridad lamentó la pérdida de vidas humanas en los últimos días, entre ellas la de dos policías y un bombero, y exigió que se investigue con objetividad a los responsables, sin sesgos políticos.
En una entrevista con el diario digital El Guadalupano, Torres manifestó su preocupación por la respuesta del Gobierno central ante las movilizaciones y bloqueos protagonizados por sectores vinculados al expresidente Evo Morales. “Lo que vemos hoy es una aplicación selectiva de la justicia. No puede ser que la ley solo se aplique a los opositores”, cuestionó.
El burgomaestre trajo a colación el paro cívico de 36 días que tuvo lugar en Santa Cruz en 2022, señalando que en esa ocasión las autoridades actuaron con rapidez y contundencia contra líderes opositores. “En ese momento, se responsabilizó directamente al gobernador cruceño y se procedió a su detención de forma pública y violenta”, recordó.
Contrapuso esa experiencia con los actuales disturbios, en los que, a su juicio, el Gobierno actúa con pasividad pese a que los hechos también revisten gravedad. “Hoy hablamos de hechos que incluso han derivado en muertes, y sin embargo, no se ve ninguna acción firme contra los promotores”, observó.
Torres advirtió que la justicia no puede depender del color político de los actores involucrados. “Si se trata de un opositor, inmediatamente se activa el aparato judicial. Pero si es alguien del oficialismo o cercano al expresidente Morales, el silencio es absoluto”, añadió.
También remarcó que la figura de Evo Morales no puede estar por encima de la legalidad. “Todos los ciudadanos deben estar sometidos al Estado de derecho, sin excepciones. Esto incluye al señor Evo Morales, como a cualquier otro ciudadano boliviano”, sostuvo.
El alcalde instó al Gobierno a recuperar la imparcialidad institucional y evitar que el país siga cayendo en una lógica de confrontación. “No podemos seguir alimentando el conflicto. El Estado debe ser garante de justicia, no parte del problema”, señaló.
Finalmente, Torres reafirmó que su postura no responde a intereses partidarios, sino al respeto a la institucionalidad democrática. “Mi llamado es a la coherencia, al respeto a la ley y al derecho de todos los bolivianos a vivir sin miedo ni privilegios políticos”, concluyó.
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