El Senado de España insta al Gobierno a condenar la persecución política en Bolivia y a reforzar su compromiso con la democracia y los derechos humanos.
El Senado de España ha debatido y aprobado una moción en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos con el objetivo de instar al Gobierno de España a pronunciarse sobre la preocupante situación de los derechos humanos y el deterioro de la democracia en Bolivia.
La moción ha sido aprobada por mayoría en el Senado de España y ha contado con el apoyo de diferentes grupos parlamentarios. No obstante, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), formación que representa al Gobierno de España, ha votado en contra de la resolución.
Una parte de la moción establece: “desde la llegada de Evo Morales a la presidencia en 2006 y con la actual administración de Luis Arce, Bolivia ha experimentado un progresivo debilitamiento de sus instituciones democráticas. La persecución de la oposición política y la falta de independencia judicial han sido señaladas tanto por organismos nacionales como internacionales.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado en su informe de marzo de 2024 sobre la ausencia de garantías fundamentales en el país, incluyendo la separación de poderes y la libertad de expresión”.
El fundador de Libres en Movimiento, Mateo Rosales Leygue, ha manifestado que esta iniciativa supone un paso importante en el posicionamiento del mensaje en favor de la democracia y las libertades en Bolivia, así como la situación que atraviesa por la alarmante cantidad de presos y perseguidos políticos, así como de exiliados, que asciende a más de 2500 personas.
La iniciativa legislativa del Senado continúa: “Uno de los puntos más alarmantes es la existencia de más de 250 presos políticos, entre ellos la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico Marco Antonio Pumari. Estas detenciones han sido denunciadas por su carácter arbitrario y la falta de garantías procesales. La Unión Europea y diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación sobre el trato que reciben estos presos y la ausencia de transparencia en sus procesos judiciales”.
Ante esta situación, la iniciativa aprobada por el Senado español propone las siguientes acciones, entre otras:
1. Condenar la detención violenta y arbitraria de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, así como las condiciones en las que se encuentran.
2. Exigir la liberación de todos los presos políticos y denunciar públicamente la persecución de la oposición en Bolivia.
3. Instar al Gobierno boliviano a respetar los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia.
4. Reafirmar el compromiso de España con la defensa de la democracia y los derechos humanos en Iberoamérica.
5. Activar mecanismos de seguimiento para asegurar un proceso electoral transparente y justo en Bolivia en las elecciones de agosto de 2025.
Los miembros de la comisión del Senado que aprobaron la resolución consideran que España, como país defensor de la democracia y los derechos fundamentales, no puede permanecer inmóvil ante el deterioro institucional que vive Bolivia. La comunidad internacional debe estar atenta y actuar para garantizar el respeto a los derechos humanos y el pluralismo político en el país.
En la defensa de la iniciativa, el portavoz del Grupo Popular, Íñigo Fernández, ha manifestado que “en Bolivia la justicia se utiliza para perseguir al adversario político (…) esta moción es una propuesta para condenar la persecución política en Bolivia, para condenar la utilización política de la justicia para fines espurios, para condenar cualquier estrategia que tenga por finalidad acorralar la democracia, someterla para ponerle fin”.
El representante de Libres en Movimiento ha comentado que con esta aprobación se hace una llamada a la acción al gobierno español y a las instituciones europeas para tener en cuenta la situación política y social de Bolivia.
El objetivo es que se impulsen las acciones planteadas en la propuesta en favor de la democracia en el país y la protección de su sistema institucional, así como el reconocimiento de los derechos humanos de los presos políticos y la denuncia pública de la persecución de la cual es víctima la oposición cívica y política.
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