La directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), María Esther Valencia, aclaró que fue la misma institución que interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, para el hecho de la presunta comisión del delito de proxenetismo cometido presumiblemente por una educadora del centro de rehabilitación de menores infractoras Trinidad Peralta, cuya víctima sería una infractora de la Ley y que está recluida cumpliendo sentencia en este lugar.
“Como entidad nosotros hemos hecho la denuncia para que este caso se pueda esclarecer, por ello hemos tomados conocimiento del mismo en fecha 30 de mayo a través de un informe psicológico de la trabajadora y el 31 de mayo el Sedeges interpone la denuncia con la finalidad de garantizar que no se vulneren los derechos de nuestras adolescentes”, explicó la directora.
En ese sentido, Valencia indicó que este caso denunciad hace unos tres meses, no se hizo público para no entorpecer las investigaciones y que sea el Ministerio Público el que actué o haga las diligencias que el caso amerita, por lo cual se está a la espera que la Fiscalía pueda brindar mayores indicios, pero se tiene conocimiento por los medios de comunicación que ya habría dos aprehendidos y detenidos en este caso.
“Inmediatamente interponemos la denuncia, ella (la educadora) es apartada de la institución, porque ella era contratada como consultora en línea, se le tenía que hacer la recisión del contrato, pero ella presenta un certificado de embarazo, eso os hace demorar un poco el proceso, pero ella es alejada del centro de rehabilitación y es llevada a un lugar donde no hay menores de edad ni población vulnerable, sino en un lugar para que esté sola”, dijo Valencia.
La misma exfuncionaria presentó su carta de renuncia luego de que perdió a su bebé, es de esa manera que puede ser procesada y por ello fue aprehendida y ahora recluida preventivamente en el Penal de Morros Blancos, por lo que la directora aseveró que esperará a que las investigaciones continúen para conocer si existirían más víctimas, más implicados y que se demuestre su inocencia o culpabilidad por parte de los investigadores.
“Aclarar que esta funcionaria no trabajaba en un hogar de acogida de menores de edad, sino que trabajaba en un centro de reintegración social, es decir en un centro donde llegan mujeres menores de edad infractoras de la Ley, además que ara ser contratada cumplió con todos los requisitos”, puntualizó.
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