Diversos sectores económicos del país paralizarán este lunes sus actividades a nivel nacional en protesta contra la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
La norma autoriza el decomiso de productos almacenados, lo que ha generado un fuerte rechazo entre gremiales, productores, transportistas, industriales, empresarios y exportadores, quienes exigen su derogación por considerarla una amenaza a la seguridad jurídica, la propiedad privada y la inversión.
César Gonzales, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, confirmó que la movilización contará con la participación de representantes clave de diversos sectores. Entre ellos, Héctor Mercado, presidente de la Cámara Nacional del Transporte Pesado Nacional e Internacional; Antonio Torrico, presidente nacional de los importadores; Frank Calle, presidente de los importadores de la Regional Cochabamba; y Alfredo Saca, presidente de la Cámara del Transporte Pesado Nacional e Internacional de Cochabamba.
Gonzales advirtió que la disposición no solo afecta a los comerciantes, sino que impacta a toda la economía. “Esta norma busca confiscar mercadería sin distinción, afectando a todos los actores del comercio. No es momento de llenar estadios ni recolectar firmas; es momento de salir a defender a nuestra gente, nuestras bases y al pueblo cochabambino”, declaró.
Argumentos
La disposición faculta a las autoridades a realizar controles, fiscalizaciones y decomisos de productos almacenados para garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales y evitar especulación de precios. Sin embargo, los sectores movilizados sostienen que la medida genera incertidumbre y vulnera derechos fundamentales como la libre disposición de bienes y la libertad de movimiento.
Jorge Méndez, presidente de la Asociación de Porcinocultores de Santa Cruz (Adepor), calificó la norma como un atropello a los derechos básicos y llamó a la ciudadanía a sumarse a las protestas. “Atenta contra la libre disposición de bienes y derechos fundamentales como la libertad de movimiento y expresión”, afirmó el empresario a Unitel.
Puntos de movilización
Las protestas se realizarán en distintas ciudades del país. En Santa Cruz, los manifestantes se concentrarán en la plaza del Cementerio antes de iniciar una marcha. En La Paz, el punto de encuentro será la avenida Perú, cerca de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN). En Cochabamba, la movilización partirá desde la intersección de San Martín y Punata, mientras que en Sucre los manifestantes se reunirán en el reloj de la avenida Jaime Mendoza.
Edgar Álvarez, dirigente gremial, confirmó que las empresas suspenderán actividades por 24 horas, aunque los mercados y carreteras seguirán operativos. “Las empresas cerrarán por un día, pero los mercados seguirán funcionando con menor afluencia de comerciantes debido a la movilización”, explicó.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno ha desestimado las protestas y acusó a los organizadores de defender intereses de contrabandistas y especuladores. Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, aseguró que la disposición no está dirigida contra empresarios o productores, sino que busca combatir el contrabando y la especulación. “Esta norma no pretende fiscalizar a empresarios, productores o industriales, sino garantizar el acceso a alimentos a precios justos”, sostuvo.
Silva también destacó que algunos gremios han optado por no sumarse a la protesta tras alcanzar acuerdos con el Ejecutivo. “Se ha excluido a los gremiales y al comercio minorista de la normativa, por lo que han decidido no participar en el paro nacional”, agregó.
Impacto y perspectivas
El paro amenaza con paralizar gran parte de la actividad comercial y productiva del país, lo que podría generar repercusiones económicas significativas. Mientras los sectores movilizados insisten en la derogación de la norma, el Gobierno mantiene su postura de que la medida es esencial para el control del abastecimiento y la lucha contra el contrabando.
La Cámara de Senadores ya aprobó la derogación de la disposición, pero aún falta el debate en la Cámara de Diputados. En tanto, el conflicto entre los sectores económicos y el Gobierno sigue latente, con implicaciones tanto en la economía nacional como en la estabilidad política del país.
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