El exministro advierte que detrás de la ocupación ilegal de tierras hay tráfico de droga. Lo atribuye a la falta de control del Gobierno. En los predios recuperados encontraron armas de fuego. En Santa Cruz, reportaron 101 predios tomados
El vaivén de cuestionamientos entre el exministro de Gobierno Carlos Romero y el actual titular de esa cartera de Estado, Eduardo Del Castillo, por la supuesta protección al narcotráfico no se detiene; por el contrario, toma fuerza. Esta vez, la exautoridad advirtió que detrás de la ocupación ilegal de tierras en Santa Cruz hay organizaciones vinculadas al tráfico de drogas que forman un poder paralelo y que conducen al país a un escenario de “colombianización” por la pérdida de control del Gobierno.
Días atrás, Romero reiteró que hay protección al tráfico de drogas en la gestión de Luis Arce. Del Castillo respondió que el exministro no acepta que la juventud haya superado “abismalmente” su gestión.
“El Gobierno está perdiendo el control como Estado, o sea se está convirtiendo en un problema de Estado. Se está volviendo un escenario de colombianización, en el sentido que se van liberando progresivamente determinados pedazos territoriales estratégicos y estos van formando un poder oscuro, un poder mafioso, un poder paralelo al Estado”, aseguró Romero, quien durante su gestión de ministro de Gobierno descartaba la presencia de cárteles del narcotráfico en Bolivia y negaba que el país marchara hacia una ‘colombianización’.
Sin embargo, Romero señala que en la actual situación en que se encuentra el país, compromete a algunos malos elementos de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
“Articulan los avasallamientos al tráfico de tierras, de madera, minerales y el narcotráfico. Configura grupos violentos armados que, inclusive, son capaces de enfrentar a la fuerza pública y reducirla, es decir, es un fenómeno crecientemente preocupante que está afectando particularmente a Santa Cruz”, lamentó Romero.
Según un informe del Ministerio de Gobierno, en el país existen más de 108 denuncias de ocupación ilegal de tierras en el territorio nacional, pero atribuye algunos casos a problemas intrafamiliares. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras contabilizó 223 casos de avasallamiento de predios en Bolivia. Solo en Santa Cruz se tienen 101 tomas ilegales de tierras. En Beni se reportaron 58 casos; en Pando, 31; en La Paz, tres; en Chuquisaca, siete; en Cochabamba, 17; en Potosí, tres y en Tarija, tres.
“Estamos haciendo un relevamiento y priorización de la información en Santa Cruz” para atender las acusaciones, informó Del Castillo. Anunció que luego de ejecutar las intervenciones contra avasalladores en el departamento cruceño se trasladarán a Cochabamba.
Hasta el jueves, el ministro Remmy González reportaba la recuperación de tres predios avasallados en Santa Cruz. Se trata de los ambientes de la familia Kim, La Frontera y Uruguayito, mientras que en otros 17 predios estarían en pleno desalojo.
En el operativo del predio de la familia Kim, la Policía encontró en el lugar cuchillos, palos, machetes, palas, petardos, explosivos, entre otros. Para llevar adelante la tarea se movilizaron más de 565 policías, 39 camionetas, 30 motocicletas, 14 micros y un dron para registrar el trabajo. Se destruyeron cerca de 100 casas.
En ningún desalojo se reportó la existencia de droga, pero sí armas de fuego. De hecho, los 18 aprehendidos hasta la fecha, son investigados por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, establecido en el Código Penal.
Para el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, el caso Las Londras “ha sido dejado de lado” y a más de un año ve que “si la prensa toca el tema, recién se pronuncian”.
Desde la oposición, la diputada María René Álvarez, de la alianza Creemos, escribió en su cuenta de Twitter; “Bolivia y nuestras áreas protegidas están tomadas por grupos criminales y narcotraficantes. No existe una lucha contra el narcotráfico. La criminalidad ha rebasado todas las esferas del Estado, dada la complicidad y el encubrimiento de autoridades en función de gobierno”.
Protección al narcotráfico
Luego que acusaran a Del Castillo por contribuir a la protección al narcotráfico y de estar detrás del robo de celulares de Evo Morales, la autoridad respondió que Romero sólo tiene intereses políticos y no acepta que la juventud haya superado “abismalmente” la gestión que hizo en el Ministerio de Gobierno.
“Mi persona ha expresado en reiteradas ocasiones qué es lo que piensa sobre Carlos Romero. Es una persona que solo tiene intereses personales, políticos y no acepta que la juventud o nuevas administraciones hayan superado su gestión abismalmente”, dijo.
Morales tampoco se quedó callado y habló nuevamente del robo de sus dispositivos móviles. Aseguró que mientras “los agentes del plan negro” estén en posesión de los tres celulares hurtados, tratarán de negociar con DEA y de hacer montajes.
“Así conspira la derecha interna que encubre al narcotráfico. Desde que asumimos la dirigencia sindical, gobiernos neoliberales en complicidad con agentes de la DEA nos acusaron de narcotraficantes, sin pruebas. Los golpistas del gobierno de facto intentaron hacer lo mismo, pero fracasaron y fracasarán porque actuamos siempre con la verdad”, escribió el exmandatario luego de que Romero revelara audios donde se escucha supuestamente ofrecer dinero a cambio de los celulares.
El Deber
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