El narcotraficante uruguayo, quien apareció recientemente en un video divulgado por redes, está siendo buscado en Santa Cruz y Beni. Las autoridades bolivianas se movilizan en medio de un incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado.
Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón, fue ejecutado el domingo en la plaza principal del pueblo tras recibir una fulminante ráfaga, según confirmó a EL DEBER el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera. Ese dato convierte al ataque en un mensaje de extrema violencia y “profesionalismo criminal”, sostienen las autoridades.
“Fue un ataque calculado y letal: 32 disparos desde una camioneta Fortuner”, declaró Aguilera a EL DEBER. Añadió que el hecho forma parte de una pugna entre organizaciones criminales que antes operaban bajo el entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y que hoy se disputan el control con la estructura de Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias Coco Vázquez. Ambos prófugos.
El “mensaje”
La cifra —32 impactos— no es anecdótica. Para especialistas consultados por esta casa periodística en casos similares, un número tan elevado de disparos suele responder a tres fines: eliminar al objetivo sin margen de supervivencia, enviar un mensaje intimidatorio a terceros y demostrar capacidad operativa frente a rivales.
Aguilera señaló, además, que, en otros ataques vinculados con estas redes, se observan letreros y consignas que incitan a la violencia (“Matemos al sapo”, “Que muera el Colla”), lo que refuerza la tesis de ejecuciones selectivas con carga simbólica en el contexto de una pugna por el control del “negocio”.
Cadena de sucesos
López Rodríguez ya había sobrevivido a un atentado en abril pasado en el Cambódromo de Santa Cruz de la Sierra, cuando una vagoneta blanca —que la Policía vincula al clan Marset— fue usada en un ataque donde su acompañante murió.
Aguilera recordó que esa misma vagoneta fue encontrada abandonada en 2023 en un aeropuerto y fue vinculada entonces a la red de Marset; pese a ello, el vehículo fue devuelto a un supuesto propietario, pero el vehículo volvió a aparecer en hechos violentos este año.
Según la hipótesis oficial, el hijo de la alcaldesa pudo cambiar de bando dentro de esa estructura criminal, lo que precipitó su ejecución en la plaza de San Ramón.
El viceministro detalló la complejidad operativa en el Beni, donde hay rutas fluviales, uso de pontones y lanchas y la supuesta participación de efectivos navales para el traslado de sicarios. Afirmó que ya hay detenidos entre personal de la Armada y que se han remitido informes con nombres de “pilotos” y enlaces logísticos.
La autoridad denunció, además, trabas judiciales: siete solicitudes de allanamiento en el último mes fueron rechazadas por un juez, y recordó que en octubre de 2023 la intervención en domicilios de la alcaldesa de San Ramón encontró “armas largas y combustible para avionetas”, hecho que, según él, motivó la denuncia de la edil y la posterior separación del Ministerio de Gobierno de las pesquisas vinculadas con el caso Marset.
“No vamos a dejar de perseguir a estas estructuras”, apostilló el viceministro Aguilera quien recordó que el avance de las pesquisas dependerá de la coordinación entre Policía, Fiscalía y la Justicia. Una tarea que quedará para el gobierno entrante.
Telón de fondo
La Policía de Santa Cruz investiga el posible secuestro o atentado contra Ívar García, alias ‘El Colla’, presunto testaferro de Marset, mientras el propio prófugo difundió recientemente un video con amenazas y elementos delictivos que el Gobierno valoró con alto grado de veracidad.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y la Fiscalía mantienen bajo su competencia decisiones sobre medidas de protección y pedidos de testigo protegido presentados por la defensa de ‘El Colla’. Los expertos consultados también subrayan la necesidad de transparencia: en casos previos —como el asesinato del capitán José Carlos Aldunate— surgieron dudas por la rapidez en la identificación de sospechosos y la remoción de equipos investigativos.
Búsqueda de Marset
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad intensificaron los operativos en Santa Cruz y Beni para dar con Marset, cuyo paradero sigue siendo desconocido, informó Aguilera. Las acciones incluyen rastrillajes en zonas urbanas y rurales, además del secuestro de haciendas y viviendas vinculadas con el prófugo. Aguilera explicó que la “mimetización” de Marset y la falta de información precisa dificultan su localización.
También confirmó que Bolivia pidió cooperación a Paraguay, aunque ese país respondió que no tiene datos concretos. El viceministro insistió en que la coordinación internacional es clave para dar con el fugitivo.
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