En un contexto de creciente tensión política, los pueblos originarios Guaraní, Weenhayek y Tapiete del departamento de Tarija han expresado su total desacuerdo con la reciente modificación parcial del Estatuto Autonómico Departamental, medida que reduce su representación directa en la Asamblea Legislativa Departamental de tres a dos escaños. Esta reforma ha sido recibida con profunda preocupación por parte de las organizaciones indígenas, quienes la consideran un retroceso en sus derechos políticos y colectivos.
En contacto con El Guadalupano Diario Digital, representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Organización de Capitanías Weenhayek (ORCAWETA) y la Asamblea del Pueblo Indígena Tapiete (APIT) confirmaron su decisión de rechazar la modificación estatutaria por considerarla unilateral, excluyente y carente de consulta previa. “Hemos sido ignorados en un proceso que nos afecta directamente, y eso vulnera no solo la Constitución, sino también convenios internacionales”, indicaron.
Durante una gran asamblea realizada el 15 de julio en Yacuiba, los líderes indígenas aprobaron una resolución conjunta en la que denuncian la inconstitucionalidad de la reforma, argumentando que contraviene el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, además del Convenio 169 de la OIT, al no haber sido consultada con los pueblos afectados, tal como exige la normativa vigente.
El pronunciamiento colectivo sostiene que esta decisión representa un acto discriminatorio impulsado por intereses políticos momentáneos, desconociendo la trayectoria histórica de lucha de los pueblos indígenas por alcanzar representación política en las instancias departamentales. “No se trata solo de un número; se trata de derechos colectivos ganados con esfuerzo y sacrificio”, indicaron los portavoces.
En respuesta a este escenario, las tres naciones se declararon en emergencia permanente y anunciaron que iniciarán acciones constitucionales para revertir la medida. En ese sentido, han solicitado formalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional que revise y anule la reforma, apelando al principio de progresividad y protección de los derechos indígenas.
Además, exigieron al gobernador de Tarija y a la Asamblea Legislativa Departamental que detengan cualquier intento de aplicar la reforma y, en su lugar, convoquen a un proceso amplio y participativo donde los pueblos originarios puedan incidir efectivamente en el diseño del nuevo modelo autonómico. “No somos invitados, somos parte constitutiva de este Estado Plurinacional”, afirmaron.
En una acción simbólica, pero cargada de contenido político, las tres organizaciones indígenas declararon como “personas no gratas” a los veinte asambleístas que votaron a favor de la reforma, acusándolos de haber actuado sin legitimidad y en contra de los intereses de los pueblos a quienes debían representar. La medida incluye a legisladores del MAS-IPSP, Comunidad de Todos y Unidos.
Finalmente, el documento conjunto cierra con un llamado a la unidad y resistencia indígena: “Seguiremos luchando por nuestra representación legítima. No permitiremos retrocesos. Ni un paso atrás, ni un curul menos. Los derechos indígenas no se negocian”.
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